Salta Mining
La Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) expresó su respaldo al proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, actualmente en debate en el Congreso Nacional, y consideró que una revisión madura y objetiva de la normativa vigente permitirá alcanzar una protección ambiental más eficaz, sin afectar el desarrollo productivo de las provincias del oeste argentino.
En un comunicado difundido desde Mendoza, la entidad sostuvo que la Ley Nacional 26.639, si bien fue concebida con el objetivo de tutelar los glaciares como reservas estratégicas de agua, presenta imprecisiones y vacíos conceptuales que, en la práctica, terminaron debilitando su eficacia. Según CaMEM, estas falencias no solo afectan la seguridad jurídica necesaria para cualquier inversión, sino que además dificultan la protección concreta de los propios glaciares.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de definiciones claras sobre figuras clave como los glaciares de escombros y el ambiente periglacial, conceptos que resultan determinantes al momento de aplicar restricciones o autorizaciones. Para la cámara empresaria, esta ambigüedad genera interpretaciones dispares, conflictos administrativos y judiciales, y un escenario de incertidumbre que impacta tanto en la gestión ambiental como en el desarrollo de proyectos productivos.
Desde CaMEM remarcaron que el espíritu de la ley -la tutela y preservación de los glaciares- es compartido, pero advirtieron que una norma mal definida puede producir el efecto contrario al buscado.
“La ausencia de claridad conceptual desvirtúa la seguridad jurídica y, paradójicamente, impide una protección efectiva”, señalaron.
El comunicado también pone el foco en el rol constitucional de las provincias. La cámara recordó que, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales, y que es responsabilidad de estas complementar los presupuestos mínimos ambientales que establezca la Nación. En ese sentido, sostuvieron que dichos presupuestos deberían funcionar como un piso regulatorio, sobre el cual cada provincia pueda construir su propio andamiaje normativo, adaptado a sus realidades geográficas, productivas y sociales.
Sin embargo, la versión original de la Ley de Glaciares —según CaMEM— avanzó más allá de ese criterio al establecer prohibiciones máximas, definitivas e imposibles de complementar, lo que terminó limitando las facultades provinciales y generando tensiones institucionales. Para la entidad, una adecuación de la norma permitiría armonizar el esquema federal, respetando tanto la protección ambiental como las competencias locales.
Lejos de interpretar la reforma como un retroceso, la cámara minera afirmó que la adecuación propuesta no implica una regresión ambiental, sino todo lo contrario.
Precisar y delimitar los alcances de la ley, sostienen, hará que la protección de los glaciares sea más concreta y efectiva, al tiempo que se reducen los potenciales conflictos legales y se brinda mayor previsibilidad a todos los actores involucrados.
En el cierre del comunicado, CaMEM planteó que una regulación clara y equilibrada permitirá compatibilizar la tutela ambiental con el desarrollo de actividades productivas, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Desde esa mirada, la adecuación de la Ley de Glaciares aparece como una oportunidad para generar empleo, inversiones y oportunidades en las provincias del oeste argentino, sin renunciar al cuidado de los recursos naturales estratégicos.
El debate legislativo continúa en el Congreso, en un contexto donde la discusión sobre minería, ambiente y desarrollo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.
