Salta Mining
El proyecto minero PSJ Cobre Mendocino quedó formalmente incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tras la publicación de la Resolución 801 en el Boletín Oficial, instrumento que oficializa una decisión anticipada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, y ratificada posteriormente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una visita a Mendoza.
La iniciativa fue encuadrada dentro del sector Minería, específicamente en el segmento correspondiente a los minerales de primera y segunda categoría contemplados por el Código de Minería argentino, categoría que no incluye explotaciones de litio ni potasio.
Para acceder a los beneficios del régimen, la compañía presentó su solicitud bajo la figura de Vehículo de Proyecto Único (VPU) y adecuó su estructura societaria para que su actividad quede exclusivamente vinculada al desarrollo minero.
La aprobación del ingreso al programa fue resuelta el pasado 13 de mayo por el Comité Evaluador del RIGI, que dio conformidad al plan de inversiones presentado por la empresa.
El emprendimiento contempla el desarrollo del yacimiento San Jorge, localizado en la localidad mendocina de Uspallata, mediante la extracción y tratamiento de minerales sulfurados de cobre, con recuperación de oro como producto asociado. El diseño incluye la construcción de una mina a cielo abierto y una planta de procesamiento basada en flotación convencional, con capacidad para tratar aproximadamente 10 millones de toneladas de mineral por año.
De acuerdo con la documentación oficial, el proyecto prevé una inversión total computable de USD 613,4 millones, destinada a la construcción de infraestructura, equipamiento y activos productivos. El cronograma presentado establece el inicio de las obras para junio de 2027, mientras que la puesta en marcha operacional está proyectada para enero de 2029.
Con la incorporación ya aprobada al régimen, la empresa deberá cumplir una serie de metas de desembolso. Durante el primer año de ejecución se comprometió a invertir USD 40 millones, mientras que en el segundo año el monto ascenderá a USD 148 millones, alcanzando así USD 188 millones acumulados en los primeros dos años de desarrollo.
Asimismo, la resolución fija como fecha límite para acreditar el cumplimiento del requisito de inversión mínima el 1 de septiembre de 2028, un hito clave para mantener la vigencia de los beneficios otorgados por el RIGI.
