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El Gobierno dio un paso decisivo para robustecer la infraestructura eléctrica nacional al formalizar la calificación de 232 de las 235 ofertas presentadas para la instalación de sistemas de almacenamiento de energía de última generación que se están integrando al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), que utilizan principalmente tecnología de ion de litio.
La medida, oficializada a través de la Resolución 136/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, busca blindar los nodos críticos del SADI ante los picos estacionales de demanda.
El nivel de respuesta a la convocatoria oficial superó ampliamente las expectativas del sector. Mientras que el objetivo inicial de la licitación era alcanzar una potencia de 700 MW, la suma de las propuestas técnico-económicas presentadas por 37 empresas nacionales y extranjeras trepó hasta los 8.335 MW. Esta cifra representa casi doce veces la meta prevista, reflejando un masivo interés del sector privado tras las presentaciones realizadas el pasado 27 de mayo.
Esta iniciativa, denominada Alma SADI, constituye la segunda etapa de un plan federal de almacenamiento en baterías que comenzó a mediados del año pasado con el programa Alma-GBA, el cual ya adjudicó 713 MW para dar soporte técnico al Área Metropolitana de Buenos Aires.
A diferencia de la primera fase, este segundo llamado descentraliza la infraestructura y expande los beneficios a gran parte del territorio nacional, abarcando las regiones NOA, NEA, Centro y Cuyo, Litoral y el interior de la provincia de Buenos Aires
Según informaron desde la Secretaría de Energía, el cronograma oficial estipula que en los primeros días de julio se procederá a la adjudicación definitiva de las ofertas. Tomando como base el cupo original de 700 MW, se estima que el desembolso de las compañías seleccionadas inyectará una inversión cercana a los USD 700 millones.
La incorporación de estas baterías de última generación al SADI resulta estratégica. Estos equipos permiten responder de manera inmediata a las variaciones imprevistas de la demanda, aportan flexibilidad al despacho de energía y suman reservas operativas. En términos prácticos para los usuarios, el sistema reduce la probabilidad de cortes de luz masivos y mejora sustancialmente la calidad del servicio en las zonas más exigidas del país.
