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A partir de hoy, el Congreso Nacional pone en marcha uno de los debates más sensibles de la agenda política y económica: la reforma de la Ley de Glaciares (26.639). La discusión no es menor para las regiones con potencial minero, en especial aquellas ricas en litio y cobre.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone redefinir el alcance de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con foco en artículos considerados clave por el oficialismo. Entre ellos, la determinación de la relevancia hídrica efectiva de los glaciares y una mayor potestad de las provincias sobre sus recursos naturales, en línea con lo que establece la Constitución Nacional.
Desde el Ejecutivo y el bloque libertario sostienen que la normativa vigente, si bien nació con un objetivo ambiental legítimo, derivó en “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”. Argumentan que la actual redacción amplió el concepto de ambiente periglacial de manera tal que terminó bloqueando proyectos productivos incluso en zonas donde no existe una función hídrica estratégica comprobada.
El eje del debate no pasa, al menos en los términos planteados por el oficialismo, por eliminar la protección ambiental, sino por hacerla más precisa y técnicamente fundada. La propuesta apunta a proteger de manera estricta los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva y estratégica, al tiempo que habilita actividades productivas bajo estándares ambientales exigentes en áreas donde hoy rige una prohibición generalizada.
Del otro lado, Unión por la Patria y sectores ambientalistas rechazan la iniciativa por considerar que abre la puerta a la megaminería en zonas sensibles y pone en riesgo las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano. Para estos sectores, la ley actual debe mantenerse como una herramienta de preservación integral frente al avance de actividades extractivas.
Sin embargo, en las provincias mineras el debate adquiere matices propios. Legisladores de distritos con potencial en litio y cobre reconocen que la normativa vigente frena proyectos que podrían generar empleo, divisas y desarrollo local. Al mismo tiempo, admiten la presión social y ambiental que implica avanzar sin consensos amplios.
En ese equilibrio delicado se juega el futuro de la reforma. Las provincias reclaman autonomía para decidir sobre sus recursos y reglas claras que permitan atraer inversiones, mientras la sociedad exige garantías de que el desarrollo no se hará a costa del agua y del ambiente.
La discusión que se abre en el Congreso no es simplemente técnica o jurídica, es estratégica. La Argentina necesita impulsar su matriz productiva y aprovechar sus recursos naturales, pero también fortalecer los controles, la transparencia y la ciencia aplicada al cuidado ambiental. La reforma de la Ley de Glaciares será una prueba decisiva para demostrar que desarrollo y ambiente no son enemigos irreconciliables, sino dos pilares que deben avanzar de manera conjunta.
