San Juan atraviesa un punto de inflexión histórico. La provincia líder de la minería metalífera dejó atrás la etapa de exploración de frontera para ingresar, de manera decidida, en una fase de explotación industrial a gran escala. No se trata de un boom pasajero. Con 36 proyectos en exploración avanzada, la jurisdicción construye una estrategia de de-risking económico que la posiciona como actor relevante en la minería global y, en particular, en la transición energética que demandan los minerales críticos.
Este cambio de era no es espontáneo, es el resultado de una lectura estratégica que entiende que la riqueza geológica, por sí sola, no alcanza. Para competir por capitales intensivos, con horizontes de recuperación que superan las dos décadas, se requiere seguridad jurídica, previsibilidad fiscal y reglas estables. En ese tablero, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como la herramienta que ordena y acelera decisiones que estaban latentes.
La Cámara Minera de San Juan (CMSJ), bajo la conducción de Sandra Barceló, cumple un rol central en esta transición. Ya no opera como una cámara sectorial clásica, sino como articuladora del ecosistema productivo, acercando los estándares de las casas matrices a los proveedores locales. La premisa es que el desarrollo minero no pase de largo, sino que deje capacidades instaladas, empleo calificado y empresas competitivas en territorio sanjuanino.
El RIGI, en este contexto, funciona como catalizador de inversiones de gran escala. Proyectos que requieren CAPEX millonario (inversiones a largo plazo) y alta certidumbre encuentran en este marco el respaldo necesario para avanzar. Los números son elocuentes: más de USD 3.300 millones en inversiones iniciales ya se proyectan en la provincia. Los Azules, de McEwen Copper, se convirtió en el primer proyecto en formalizar su adhesión al régimen; Gualcamayo proyecta una reactivación con USD 665 millones y miles de empleos; y Veladero avanza en una expansión de USD 400 millones para extender su vida útil. El mensaje al mercado es inequívoco, San Juan ofrece reglas claras para proyectos de clase mundial.
El cobre emerge como el gran protagonista de esta nueva etapa, sin desplazar al oro, que sigue siendo un pilar productivo. Vicuña (BHP–Lundin), Pachón (Glencore) y Altar (Aldebaran) configuran una cartera de activos estratégicos que reconfigurará el perfil exportador provincial. Pero este salto de escala trae aparejado un desafío mayúsculo. la infraestructura logística. Rutas, corredores, capacidad de carga y pasos internacionales dejan de ser un tema colateral para transformarse en una condición de viabilidad.
Aquí aparece uno de los debates centrales del modelo y la necesidad de avanzar hacia esquemas de inversión híbrida o alianzas público-privadas. El caso del Corredor Norte de Vicuña, una obra de 170 kilómetros financiada por la actividad minera que quedará como activo permanente de la provincia, es un ejemplo concreto de cómo la minería puede dejar legado más allá del ciclo extractivo. Sin rutas aptas para gran porte y sin planificación logística, el potencial minero se convierte en una promesa inconclusa.
El otro eje clave es el desarrollo de proveedores locales. La llamada “soberanía de servicios” implica que el valor agregado quede en San Juan. El efecto multiplicador de la minería —siete empleos indirectos por cada directo— exige pymes profesionalizadas, con acceso a financiamiento y cumplimiento estricto de estándares internacionales de compliance, tecnología y eficiencia operativa.
El desafío es pasar de ser proveedores locales a exportadores de servicios mineros capaces de competir en Chile, Perú o Australia.
De cara al período 2026-2030, el modelo sanjuanino enfrenta tres imperativos ineludibles: acelerar la infraestructura, profundizar la profesionalización del entramado productivo y gestionar con transparencia las expectativas sociales. La minería es una industria de largo plazo y sus beneficios deben traducirse, de manera tangible, en bienestar ciudadano.
San Juan parece haberlo entendido. Con el RIGI como herramienta y una visión estratégica que excede lo extractivo, la provincia decidió dejar de ser espectadora para liderar un proceso de transformación económica profunda, donde el subsuelo se convierte en plataforma de modernidad, desarrollo e inclusión. El desafío ahora no es el diseño del modelo, sino su ejecución.
