La ruta nacional 52 es mucho más que una postal turística de la Quebrada y la Puna jujeña. Es, hoy, una de las arterias logísticas más importantes del norte argentino, clave para la minería, el comercio exterior y la integración regional con Chile. Por ella circulan a diario cerca de 400 camiones, muchos de ellos vinculados al transporte de insumos, maquinaria y producción minera. Sin embargo, esa centralidad contrasta de manera alarmante con su estado de conservación.
El deterioro es visible y acelerado. Grietas en la calzada, banquinas erosionadas, desmoronamientos en sectores de altura y tramos que ya muestran señales de fatiga estructural. Técnicos y especialistas advierten que, al ritmo actual de tránsito pesado y sin un plan de mantenimiento integral, la vida útil de la ruta 52 podría no superar los dos años. No se trata de una advertencia exagerada, es una proyección concreta basada en el volumen de carga y en la falta de inversiones sostenidas.
El Gobierno de Jujuy viene reclamando de manera permanente a Nación por el estado de los corredores estratégicos que atraviesan la provincia, entre ellos las rutas nacionales 52, 34 y 40. Pero la 52 ocupa un lugar especial. Conecta con el Paso de Jama, es parte del corredor bioceánico y constituye la vía principal para la salida de la producción minera hacia los puertos del Pacífico. Cuando esa ruta se corta, el impacto es inmediato y transversal.
La calzada ingresa a Salta en un breve recorrido de 24 kilómetros, dentro del Departamento de La Poma, antes de volver a Jujuy
El antecedente más claro ocurrió en marzo de 2024, cuando el derrumbe de un puente en el tramo entre Roque Angosto y Saladillo dejó incomunicada a Susques e interrumpió la circulación entre Purmamarca y el Paso de Jama. El episodio no solo afectó a pobladores y turistas, sino también paralizó el transporte de carga, encareció costos logísticos y generó un verdadero cuello de botella para la actividad minera. A ese hecho se sumaron desmoronamientos y derrumbes del propio camino rumbo a las Salinas Grandes, evidenciando una vulnerabilidad estructural que no fue resuelta de fondo.
En ese contexto, el Gobierno jujeño comenzó a explorar alternativas. Una de ellas es que las empresas mineras que operan en la provincia realicen aportes para el mantenimiento de las rutas que utilizan de forma cotidiana. La idea no es nueva y tampoco genera rechazo en el sector privado. Por el contrario, según señalaron fuentes oficiales a fines de 2025, las conversaciones con las mineras avanzaron y existe acuerdo en principio para colaborar.
“El problema es la jurisdicción”, reconocen desde la Provincia. La ruta 52 es nacional y, por lo tanto, cualquier esquema de financiamiento o mantenimiento requiere un acuerdo tripartito entre Nación, Jujuy y las empresas. Ese es hoy el principal escollo. “Nosotros estamos totalmente de acuerdo, las mineras también, pero necesitamos que Nación acompañe. A veces las rutas nacionales quedan muy lejos de la mirada de los funcionarios nacionales”, cuestionaron desde el Ejecutivo jujeño.
El planteo no es menor. Las mineras son, sin duda, las primeras beneficiadas por el buen estado de las rutas. Un corredor seguro y operativo reduce costos, tiempos y riesgos. Pero también es una cuestión de seguridad vial y de integración territorial. La ruta 52 no es solo una vía para camiones, es el camino de comunidades enteras, de trabajadores, de turistas y de pobladores que dependen de ella para acceder a servicios básicos.
La paradoja es evidente. La ruta nacional 52 está asfaltada casi en toda su extensión y permanece abierta al tránsito durante todo el año, algo poco frecuente en caminos de alta montaña. Tiene 263 km, atraviesa sectores de Jujuy y Salta, y alcanza su punto más emblemático en la Cuesta de Lipán, un tramo de cornisa de 43 km que asciende desde los 2.200 hasta los 4.170 msnmar. Su belleza es indiscutible, pero también lo es su peligrosidad, que se agrava cuando el mantenimiento no acompaña.
Hoy, la discusión ya no es si la ruta 52 es estratégica. Eso está fuera de debate. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más podrá soportar el nivel de exigencia actual sin una intervención seria. Con casi 400 camiones diarios y sin obras estructurales, el desgaste se acelera y el riesgo se multiplica.
El desafío es político, técnico, requiere voluntad, acuerdos y una mirada federal que entienda que el desarrollo minero y productivo del norte argentino necesita una infraestructura que esté a su altura. La ruta 52 no puede seguir siendo un corredor clave sostenido a fuerza de parches. Si no hay decisiones rápidas, el costo de la inacción será mucho mayor que el de cualquier obra de mantenimiento.
