Consejo Minero de San Juan: el engranaje invisible que sostiene el crecimiento del sector

Mientras la minería en San Juan se proyecta como una de las actividades económicas más dinámicas y estratégicas del país, existe un organismo técnico-jurídico que, aunque alejado del foco mediático, cumple un rol decisivo en el ordenamiento y legalidad del sector: el Consejo Minero.

Este cuerpo colegiado, nacido en 1956 mediante el Decreto 200-OP-1956, funciona como la máxima instancia administrativa en la concesión y control de derechos mineros en la provincia. Su relevancia no solo radica en las funciones que desempeña, sino en el impacto concreto que tiene en la estabilidad jurídica del entramado minero sanjuanino, uno de los más activos del país.

Actualmente, el Consejo está integrado por un equipo técnico de alto nivel: Eduardo Balmaceda (ingeniero de minas), Dr. Ricardo Quiroga (abogado), y Pablo Fernández, también ingeniero de minas y secretario técnico del Ministerio, quien además preside las sesiones del organismo. Este grupo multidisciplinario garantiza un abordaje integral de las decisiones, sustentado en el conocimiento técnico, la experiencia jurídica y una clara vocación institucional.

Su función va mucho más allá de la simple gestión administrativa. El Consejo tiene la responsabilidad de otorgar, revisar o revocar concesiones mineras, y también de intervenir en la resolución de disputas, asumiendo un rol que se asemeja al de un tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales. Su actuación está completamente enmarcada en el Código de Minería, el Código de Procedimientos Mineros y otras normativas que regulan la actividad en el país.

Una de las características más importantes del Consejo es su independencia operativa, que le permite actuar con objetividad y transparencia, asegurando un clima de confianza para todas las partes involucradas. Todas sus resoluciones pueden ser apeladas ante la Cámara Civil de Apelaciones, lo que fortalece su credibilidad como ente regulador.

En un país donde las minas son propiedad del Estado nacional o provincial, pero su aprovechamiento recae en manos privadas a través de concesiones, contar con un organismo como el Consejo Minero es esencial. Su existencia garantiza que este modelo funcione de forma clara y ordenada, brindando seguridad jurídica a los inversores, lo que se traduce en mayor flujo de capital, empleo y desarrollo local.

Después de casi 70 años de funcionamiento ininterrumpido, el Consejo Minero de San Juan se ha convertido en un verdadero pilar institucional del ecosistema minero provincial, demostrando que el cumplimiento riguroso de la ley es el mejor aliado del crecimiento sustentable en el sector. Su aporte, aunque silencioso, resulta fundamental para que la provincia continúe consolidándose como referente en minería moderna, transparente y responsable.