Salta Mining
El crecimiento proyectado de la minería del cobre en San Juan abre un escenario de fuerte expansión laboral, aunque también expone un desafío clave: contar con el personal capacitado que requerirá la industria durante los próximos diez años. Un estudio especializado estima que la provincia deberá incrementar de manera exponencial su dotación de trabajadores para acompañar la puesta en marcha de los grandes proyectos cupríferos.
De acuerdo con el informe elaborado por el expresidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, la actividad necesitará superar los 50.000 empleos directos hacia 2035, una cifra que multiplica por más de diez los aproximadamente 4.800 puestos registrados actualmente en el sector minero provincial.
El documento, difundido por Diario de Cuyo y presentado tanto a empresas como a organismos gubernamentales, advierte que el principal riesgo no será la falta de inversiones, sino la escasez de recursos humanos especializados. Por ello, sostiene que las políticas de formación deberán implementarse de inmediato para evitar que la disponibilidad de mano de obra limite el desarrollo de los futuros emprendimientos.
Las proyecciones indican que el período comprendido entre 2028 y 2035 concentrará la mayor demanda de trabajadores, debido a la coincidencia de las etapas de construcción y operación de varios proyectos de cobre que avanzan en la provincia.
El impacto económico también trascenderá el empleo directo. El análisis calcula que cada nuevo puesto generado en las operaciones mineras impulsará entre cuatro y cinco empleos adicionales en actividades vinculadas al comercio, los servicios, la logística y la cadena de proveedores.
El estudio identifica las ocupaciones que tendrán mayor protagonismo en los próximos años.
Los operadores de mina y planta encabezarán el requerimiento laboral, con una necesidad estimada de 18.000 trabajadores encargados de los procesos extractivos y del tratamiento del mineral.
En segundo lugar aparecen los mecánicos especializados en equipos pesados, con una demanda proyectada de 12.000 personas para atender el crecimiento de las flotas de camiones, perforadoras y maquinaria de gran porte.
La logística ocupará un rol estratégico, ya que se prevé la incorporación de unos 10.500 profesionales dedicados al abastecimiento, transporte y almacenamiento de insumos para operaciones ubicadas en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
También crecerá la necesidad de ingenieros de minas y de procesos, con alrededor de 8.200 profesionales destinados a planificar y optimizar la producción de los yacimientos.
El informe además proyecta la incorporación de 6.500 especialistas en higiene, seguridad y medio ambiente, responsables de garantizar el cumplimiento de los estándares operativos y ambientales que exige la minería moderna.
La transformación tecnológica de la industria también impulsará la búsqueda de 4.800 técnicos y profesionales vinculados con automatización, robótica, digitalización y análisis de datos, en línea con la evolución hacia operaciones cada vez más inteligentes.
A ello se sumarán 3.000 profesionales dedicados a la gestión social y comunitaria, una función considerada estratégica para fortalecer el vínculo entre las compañías mineras y las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
El informe plantea que el sistema educativo debe comenzar a responder de manera inmediata a las futuras necesidades del sector. Los profesionales que trabajarán en las minas hacia el inicio de la próxima década deberían iniciar hoy mismo sus procesos de capacitación.
La propuesta fija como objetivo elevar la cantidad de egresados técnicos desde los actuales 3.000 por año hasta unos 8.000 en 2030, con la meta de alcanzar un acumulado cercano a los 15.000 nuevos profesionales para 2035.
Para lograr ese crecimiento, el documento propone expandir la infraestructura educativa mediante aulas híbridas en los departamentos mineros, crear un Instituto Provincial de Minería con participación del sector privado e incorporar compromisos de capacitación y contratación de mano de obra local en los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Asimismo, se plantea desarrollar programas específicos para el trabajo en alta montaña y promover una mayor participación femenina en la industria, con el objetivo de incrementar la presencia de mujeres desde el actual 12,6% hasta alcanzar el 25% del empleo sectorial.
El estudio también propone un mecanismo para financiar la expansión del sistema de formación minera. Entre las iniciativas figura destinar el 40% del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, sumar un aporte equivalente al 0,5% de la masa salarial de los proyectos incorporados al RIGI y asignar el 15% de las regalías provenientes de los nuevos emprendimientos a un Fondo de Educación Minera.
Estos recursos serían complementados mediante inversiones de las propias compañías del sector y acuerdos con organismos internacionales de financiamiento.
El análisis concluye que San Juan dispone de una oportunidad histórica para consolidarse como uno de los principales productores de cobre de Argentina, aunque advierte que el éxito de ese proceso dependerá de la capacidad de formar miles de trabajadores calificados antes de que los proyectos alcancen su etapa de mayor actividad.
