Qué implicancias tiene el RIGI para el desarrollo de los proveedores locales

La reciente reglamentación por parte del Gobierno nacional del Régimen de Incentivo a la Inversión y Generación de Empleo (RIGI) plantea un marco normativo que a priori es ambicioso, ya que busca generar más que se produzcan más inversiones en el país de grandes empresas. Esto, además de fortalecer la economía y generar mayor niveles de exportaciones e ingreso de divisas, también tiene como finalidad fortalecer la participación de proveedores locales en los grandes proyectos, sobre todo en sectores claves como la minería.

Sin embargo, como pasa siempre en Argentina. Surgen interrogantes sobre cómo será la implementación efectiva de estas disposiciones, especialmente en un contexto donde la competitividad de los proveedores nacionales frente a la oferta extranjera puede ser desafiante. Aunque la norma establece un piso mínimo de participación de la inversión para proveedores locales (20%), el cumplimiento de estos objetivos dependerá en gran medida de la capacidad de estos actores para ofrecer bienes y servicios en condiciones competitivas y alineadas con los estándares de mercado. Es por eso que en este escenario, será clave que los proveedores locales se encuentren en una buena posición y sobre todo competitivos.

Las certezas que ofrece el RIGI, como el claro incentivo hacia la contratación local, contrastan con las posibles dificultades operativas que podrían surgir, lo que deja abierto el debate sobre si esta normativa será un verdadero impulso para la industria local o si, por el contrario, podría generar obstáculos para el desarrollo de grandes proyectos, particularmente en la minería, donde la escala y la especificidad técnica son determinantes.
 
 Ya se habló mucho sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto insignia del gobierno de Javier Milei establece un marco normativo crucial para el desarrollo de proyectos estratégicos en Argentina. En la extensa reglamentación que se publicó en el día de la fecha, hay un par de articulados dedicados exclusivamente a los proveedores locales. Veamos que es lo que dicen.

Definición y Requisitos de los Proveedores Locales

De acuerdo con el RIGI, se consideran proveedores locales a aquellas personas humanas o jurídicas que cumplen con requisitos específicos. Entre estos requisitos, destaca que las personas humanas deben tener domicilio fiscal en el país, mientras que las personas jurídicas deben estar constituidas y domiciliadas en Argentina. Además, al menos el 51% del capital social de estas empresas debe estar en manos de personas humanas o jurídicas con domicilio fiscal en el país. Esta disposición garantiza que las empresas consideradas como proveedoras locales mantengan una identidad y control mayoritariamente nacional.

Además, estos proveedores deben prestar servicios o proveer bienes destinados a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI. En el caso de bienes, estos deben cumplir con los criterios establecidos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR, lo que asegura que los productos sean de origen nacional.

Proveedores de Bienes o Servicios con Mercadería Importada

El RIGI también contempla la posibilidad de que los proveedores locales importen mercaderías específicas, siempre que estas se destinen exclusivamente a la transformación y perfeccionamiento industrial dentro del país, resultando en un bien identificado como "Bien de Capital (BK)" o "Bien de Informática y Telecomunicaciones (BIT)". Esta regulación busca evitar que los proveedores simplemente revendan productos importados sin agregar valor local, lo que contribuiría a la desindustrialización del país.

Es importante destacar que los bienes o servicios importados que no hayan sido sometidos a un proceso de transformación no pueden ser provistos a los VPU adheridos al RIGI, salvo en casos excepcionales donde los proveedores locales sean los únicos capaces de satisfacer la demanda. Esta restricción refuerza la intención del RIGI de fomentar el desarrollo industrial y la creación de empleo en el país.

Plan de Desarrollo de Proveedores Locales

El RIGI exige a los VPU adheridos la elaboración y cumplimiento de un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales. Este plan debe incluir un compromiso, con carácter de declaración jurada, de contratar a proveedores locales para la provisión de bienes y obras en un porcentaje mínimo del 20% del total de la inversión destinada a proveedores. Esta obligación se mantiene durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Este compromiso está sujeto a la disponibilidad de proveedores locales que ofrezcan bienes o servicios en condiciones de mercado, es decir, que su precio y calidad sean comparables con los productos importados. En este sentido, se considera que un proveedor local cumple con las condiciones de mercado en cuanto al precio cuando el valor ex fábrica del bien producido localmente es igual o inferior al valor CIF del bien importado, sumado al arancel de importación y cualquier medida antidumping o de salvaguardia que aplique.

El plan de desarrollo de proveedores locales es fundamental para asegurar que los beneficios económicos generados por los grandes proyectos de inversión se distribuyan dentro del país, impulsando la creación de empleo y el desarrollo de capacidades industriales locales.

Acreditación y Supervisión del Cumplimiento

El cumplimiento del Plan de Desarrollo de Proveedores Locales no es una mera formalidad, sino que está sujeto a estrictos controles y acreditaciones periódicas. Los VPU adheridos al RIGI deben presentar evidencia de su cumplimiento cada dos años desde su adhesión al régimen, asegurando así que el compromiso con los proveedores locales se mantenga a lo largo del tiempo.

Este control bienal es clave para garantizar que los proyectos de inversión no solo se beneficien de los incentivos fiscales y arancelarios, sino que también contribuyan de manera efectiva al desarrollo local. La autoridad de aplicación del RIGI es la encargada de supervisar y validar que los VPU cumplan con este compromiso, evaluando el impacto real de las contrataciones en la economía local.

El RIGI establece un marco normativo robusto y detallado para asegurar que los grandes proyectos de inversión en Argentina contribuyan al desarrollo de la industria y la economía local a través de la contratación de proveedores nacionales. Este enfoque es vital para fomentar el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y el fortalecimiento de la capacidad industrial del país.

El compromiso con los proveedores locales no solo es una obligación legal bajo el RIGI, sino una oportunidad estratégica para que las empresas se integren de manera más profunda en la economía argentina, aportando al desarrollo regional y a la competitividad del país en el mercado global. En un contexto donde la globalización y la competitividad internacional son cada vez más desafiantes, el RIGI representa una herramienta clave para el desarrollo económico local, asegurando que las grandes inversiones no solo generen beneficios para las empresas, sino también para la sociedad en su conjunto.