Salta Mining
El Gobierno nacional puso bajo la lupa los regímenes de empleo local que varias provincias mineras fueron construyendo durante los últimos años y sostuvo que algunas de esas exigencias podrían entrar en conflicto con principios de la Constitución Nacional.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, planteó públicamente esa posición durante un evento de Forbes. Según explicó, las restricciones vinculadas al lugar de residencia de los trabajadores pueden afectar la libertad de contratación, el libre tránsito y la igualdad ante la ley. También advirtió que, desde la mirada nacional, estas normas pueden fragmentar el mercado laboral y complicar la incorporación de perfiles especializados en proyectos de gran escala.
El planteo adquiere relevancia en un escenario donde los grandes proyectos mineros ya no están en una etapa de expectativa. El RIGI busca acelerar inversiones de magnitud en cobre y litio y, en ese contexto, Nación sostiene que las reglas deben ofrecer previsibilidad para las empresas que necesitan profesionales y técnicos que no siempre se encuentran disponibles en el territorio inmediato de cada operación. Lucero propuso que la respuesta pase por capacitación técnica continua y no por cupos rígidos.
Pero del otro lado aparece una realidad territorial que las provincias vienen intentando resolver desde hace años.
En Salta, la Ley 8.164 establece un esquema de promoción que fija un porcentaje no inferior al 70% del monto anual contratado con proveedores locales, además de mecanismos de contratación progresiva de mano de obra y sistemas de excepción cuando no existe oferta provincial suficiente.
También tiene un régimen que establece un mínimo del 70% de trabajadores con domicilio real en la provincia, con un sistema progresivo que puede comenzar entre el 40% y el 70% según la etapa y magnitud del proyecto. El dato resulta relevante porque muestra que el mapa de empleo local argentino es bastante más diverso de lo que sugieren las referencias generales a porcentajes de hasta 90%.
Santa Cruz, por su parte, modificó su tradicional esquema 70/30 y en 2025 elevó al 90% la contratación mínima de mano de obra local para actividades que incluyen la minería. La modificación fue presentada por el Gobierno provincial como una política destinada a priorizar a los trabajadores residentes y fortalecer el impacto territorial de la actividad.
En Salta, la discusión rápidamente encontró una respuesta desde el sector privado, desde donde sostuvieron que la contratación local no es solo una cuestión normativa, sino también un componente de la licencia social de los proyectos. Según expresó, las empresas mineras contemplan la formación y promoción de trabajadores locales porque necesitan construir un vínculo sostenible con las comunidades donde operan.
Nación pone el foco en la libertad de contratación, la disponibilidad de talento y la previsibilidad para las inversiones. Las provincias, los proveedores y buena parte de las comunidades ponen sobre la mesa otra pregunta igualmente concreta, quién se queda con una parte del empleo y de las oportunidades que genera una actividad que utiliza recursos ubicados en sus propios territorios.
Ahora, hay que encontrar mecanismos que permitan que las comunidades tengan trabajadores y proveedores preparados para ocupar los puestos que genera la minería, sin que la falta de capacitación termine convirtiéndose en una excusa para que las oportunidades vuelvan a llegar desde afuera.
En una industria que proyecta inversiones millonarias durante las próximas décadas, esa discusión recién comienza. Probablemente termine definiendo una cuestión central para la minería argentina, si el crecimiento de los proyectos también se transforma en una verdadera construcción de capacidades en los territorios donde se extraen los minerales.
