Salta Mining
La convocatoria a la primera Ronda de Negocios RIGI, anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo luego de una reunión con el secretario de Minería Luis Lucero, Daniel González y ejecutivos de grandes compañías mineras, llega en un momento en el que la discusión sobre el impacto territorial de las inversiones empieza a ganar peso. El encuentro será el 29 de octubre en Rosario y reunirá a 28 compañías con proyectos aprobados o en evaluación junto a proveedores nacionales. El Gobierno sostiene que el objetivo es transparentar los cronogramas de inversión y abrir oportunidades para empresas de bienes y servicios.
Sobre el papel, la iniciativa tiene una lógica difícil de discutir. Si el RIGI pretende acelerar inversiones de miles de millones de dólares en minería, energía e infraestructura, el siguiente desafío es conseguir que una parte significativa de ese movimiento se traduzca en trabajo, proveedores, servicios e industria argentina.
El problema aparece cuando se mira el mapa productivo, ya que empresarios de pymes industriales, metalúrgicas, metalmecánicas y empresas de servicios, muchos con décadas de trayectoria, aseguran que tienen sus máquinas paradas o trabajan muy por debajo de su capacidad y que ahora miran hacia San Juan, Neuquén y otras provincias donde avanzan la minería y el petróleo.
El razonamiento es lógico, donde hay inversión hay demanda, pero también hay una segunda parte que muchas veces queda fuera del discurso oficial. No alcanza con trasladarse a una provincia minera para convertirse automáticamente en proveedor de un megaproyecto.
Las compañías que desarrollan proyectos de escala internacional necesitan certificaciones, capacidad financiera, seguridad, calidad, logística, trazabilidad y cumplimiento de estándares técnicos. En otras palabras, la oportunidad existe, pero la competencia también. Ahí aparece el verdadero desafío de la ronda convocada por Economía.
El Gobierno afirma que el 86% de lo invertido bajo el RIGI está destinado a empresas nacionales y que más de 1.200 proveedores ya participan de esas cadenas de valor. La nueva ronda busca ampliar ese universo.
Pero "empresa nacional" no significa necesariamente empresa de la provincia donde se desarrolla el proyecto. Esa diferencia es central para las economías del interior.
Una minera puede comprar a una empresa constituida en Argentina y cumplir formalmente con el esquema de proveedores nacionales, mientras buena parte del valor económico queda concentrada en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe u otros grandes centros industriales.
Frente a ese panorama, las provincias mineras quieren que las inversiones generen una cadena de proveedores radicada en el territorio, que forme trabajadores, incorpore pymes locales y permita que una parte del dinero que ingresa por la explotación de los recursos naturales circule efectivamente en la economía provincial.
El propio RIGI establece un compromiso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales sobre el monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en precio y calidad.
Ese porcentaje es importante, pero también marca el límite de la discusión. El 20% no es un techo para la participación local, pero tampoco garantiza por sí mismo que las empresas de la provincia productora sean las que capturen ese trabajo.
Aquí aparece la preocupación que comienza a escucharse en distintos sectores del interior. Si empresas industriales que hoy tienen capacidad ociosa en Buenos Aires buscan desesperadamente ingresar a las cadenas de minería y petróleo, el RIGI puede convertirse en una extraordinaria oportunidad para recuperar actividad industrial.
Pero también puede producir un efecto paradójico, porque los recursos naturales se extraen en las provincias y la mayor parte de los contratos de provisión se concentran en empresas radicadas lejos de esos territorios.
No sería una contradicción con la letra del régimen si esas empresas cumplen las condiciones previstas. Pero sí abriría una discusión política y económica sobre el sentido federal de las inversiones.
El tema pasa por dónde se fabrica, dónde se contrata, dónde se capacita y dónde queda el valor agregado.
Las propias compañías mineras plantean que para los proyectos de la escala de Vicuña, El Pachón, Rincón o MARA, se necesita una red de proveedores capaz de acompañar inversiones multimillonarias, con infraestructura, competitividad y capacidad técnica.
En el caso de Vicuña, por ejemplo, la compañía informó que durante 2025 trabajó con 580 proveedores de bienes y servicios en Argentina, de los cuales el 60% fueron empresas de San Juan. Sus contratistas emplearon además a 2.576 trabajadores, con un 80% de residentes de esa provincia. El dato demuestra que la contratación territorial es posible cuando existe capacidad local.
La discusión no debería plantearse como una pelea entre proveedores nacionales y proveedores provinciales, porque el país necesita ambos.
Una empresa nacional puede aportar escala, tecnología y especialización que una pyme de una localidad de la Puna todavía no tiene. Pero también, una empresa local puede aportar conocimiento del territorio, mano de obra, logística, respuesta inmediata y arraigo.
Las provincias productoras tienen argumentos para reclamar una mirada específica. Si la minería, el petróleo y la energía son presentados como motores de una nueva etapa de desarrollo argentino, el empleo y los proveedores locales deberían formar parte de la ecuación desde el comienzo del proyecto y no como una consecuencia eventual del derrame.
El RIGI ya exige un plan de desarrollo de proveedores locales. La reglamentación permite computar dentro del 20% las contrataciones de proveedores locales, estén o no inscriptos en el régimen.
El próximo paso debería ser que ese mecanismo no quede reducido a una formalidad administrativa.
Las rondas de negocios pueden servir para algo mucho más importante que conectar compradores y vendedores. Pueden convertirse en un mecanismo para anticipar qué bienes y servicios demandará cada proyecto, qué empresas pueden producirlos, qué capacidades faltan y qué inversiones necesitan las pymes provinciales para llegar a esa contratación. Ahí está una de las claves.
La reunión del 29 de octubre puede producir contactos, contratos y oportunidades. Pero el resultado real se verá mucho después. Se sabrá cuando una pyme de San Antonio de los Cobres, Campo Quijano, Güemes, San Juan, Catamarca o Jujuy consiga convertirse en proveedora efectiva de un proyecto.
Se sabrá cuando una empresa metalúrgica del interior pueda ampliar su planta porque tiene contratos de largo plazo y cuando un joven formado en una localidad minera consiga empleo calificado sin tener que emigrar.
La convocatoria de Caputo y Lucero pone sobre la mesa una discusión necesaria y las provincias están dispuestas a sentarse a discutir.
