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La nueva reglamentación del Registro de Proveedores Rionegrinos busca consolidar el desarrollo de empresas locales, promover el empleo provincial y garantizar que las inversiones en minería, hidrocarburos y energía generen un mayor impacto en la economía regional.
Con la entrada en vigencia del Decreto 618/26, el Gobierno de Río Negro introdujo modificaciones en el funcionamiento del Registro de Proveedores Rionegrinos, una herramienta orientada a fortalecer la integración de las empresas radicadas en la provincia dentro de las cadenas de suministro de los grandes proyectos productivos.
La principal novedad establece que únicamente podrán acceder a la certificación las compañías con domicilio en Río Negro o aquellas que presenten un Plan de Radicación, mediante el cual asuman el compromiso de instalar operaciones en la provincia dentro de un plazo máximo de 24 meses.
Hasta ahora, firmas de otras jurisdicciones podían iniciar el proceso de inscripción, aunque el régimen de preferencia estaba destinado a proveedores rionegrinos. Con la reglamentación, el sistema incorpora requisitos más estrictos para asegurar que los beneficios asociados a las nuevas inversiones se traduzcan en empleo, actividad económica y desarrollo territorial.
El nuevo esquema define las condiciones necesarias para obtener la certificación de Proveedor Rionegrino, cuya vigencia será de un año con posibilidad de renovación. Además, incorpora procedimientos digitales para la inscripción, mecanismos de auditoría, reportes de cumplimiento y sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas.
La normativa también crea la categoría de Proveedor Rionegrino Condicional, destinada a empresas que recién comienzan a operar en la provincia o que aún no completan un año de actividad. En estos casos, deberán presentar una declaración jurada acompañada por un Plan de Radicación que detalle inversiones previstas, infraestructura operativa, incorporación gradual de mano de obra local y compromisos tributarios dentro del territorio provincial.
El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos actores sin perder de vista un criterio central: las empresas interesadas en participar de la cadena de valor minera, energética e hidrocarburífera deberán demostrar un compromiso concreto con el desarrollo económico de Río Negro.
Actualmente, el Registro de Proveedores Rionegrinos está integrado por 476 empresas. De ese total, 308 cuentan con inscripción vigente, 129 permanecen en condición de preinscriptas, 12 poseen certificación condicional, 15 presentan información desactualizada, 11 se encuentran pendientes de evaluación y un registro fue rechazado.
Los datos oficiales muestran además que el 82,7% de las firmas declara tener sede principal o presencia operativa en Río Negro. Dentro de ese grupo, 356 empresas son íntegramente rionegrinas y otras 37 poseen establecimiento en la provincia. En cambio, 83 compañías externas deberán adecuarse a la nueva reglamentación mediante un proceso de radicación si pretenden conservar su participación en el registro.
Entre las localidades con mayor presencia de proveedores sobresalen Las Grutas, Cipolletti, San Antonio Oeste, General Roca y Catriel, reflejando la expansión territorial que acompaña el crecimiento de las actividades productivas vinculadas a la minería, los hidrocarburos y la energía.
A nivel regional, el Alto Valle, Catriel y el corredor petrolero concentran 211 registros, mientras que la Zona Atlántica y el este provincial reúnen otras 194 empresas, consolidándose como los principales polos de servicios asociados a los nuevos proyectos de inversión.
El relevamiento también evidencia que los principales sectores representados corresponden a servicios generales, logística, transporte, construcción, gastronomía, alojamiento y servicios técnicos vinculados al petróleo y al gas, actividades que desempeñan un papel clave en el funcionamiento cotidiano de los emprendimientos mineros y energéticos.
Con este nuevo marco regulatorio, Río Negro busca que el crecimiento de los grandes proyectos se traduzca en oportunidades concretas para las pequeñas y medianas empresas locales, fortaleciendo el entramado productivo provincial y promoviendo una mayor participación de proveedores con arraigo en el territorio.
