Salta Mining
La adjudicación de una nueva fase de infraestructura en el proyecto Vicuña generó fuertes cuestionamientos por parte de las cámaras que representan a los proveedores mineros argentinos. Desde la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) sostienen que la industria nacional cuenta con capacidad suficiente para ejecutar este tipo de desarrollos y advirtieron sobre las consecuencias que estas decisiones pueden tener para el entramado productivo local.
La controversia surgió tras conocerse que la expansión del campamento de alta montaña ubicado en el departamento Iglesia, destinada a incorporar 2.000 nuevas plazas de alojamiento, quedó en manos de un consorcio integrado por las compañías chinas PowerChina y Beijing Chengdong junto con la firma santafesina RAFA S.A.
La obra forma parte de los avances vinculados a uno de los emprendimientos cupríferos más relevantes que actualmente se encuentran en desarrollo en Argentina. Sin embargo, la resolución empresarial despertó preocupación en distintos sectores de la cadena de abastecimiento minera.
A través de un comunicado institucional, FAPROMIN manifestó su rechazo a la contratación y expresó que la decisión representa una señal negativa para las empresas nacionales que buscan participar en las grandes inversiones del sector.
La entidad considera que el ingreso de proveedores extranjeros en proyectos de esta magnitud afecta las expectativas de crecimiento de la industria local y limita la generación de oportunidades para empresas argentinas.
"Lo de Vicuña nos puso en alerta. La contratación de una empresa china, asociada a una santafesina para una mega obra fue un mazazo para los intereses de los argentinos", expresaron desde la Federación.
Desde la organización remarcaron además que el argumento histórico relacionado con la falta de capacidad técnica de los proveedores nacionales ya no resulta válido frente al nivel de desarrollo alcanzado por el sector.
"Ya no sirve la excusa de que no estamos preparados. La cadena de valor argentina está lista para encarar cualquier obra minera", afirmaron.
Uno de los principales focos de la crítica está vinculado a la fabricación de los módulos habitacionales fuera del país. Según indicaron, la importación de estructuras completas implica una menor participación de proveedores locales y reduce el efecto multiplicador que deberían generar las inversiones mineras en las economías regionales.
En ese contexto, la Federación sostuvo que la incorporación de componentes producidos íntegramente en el exterior debilita el aporte que la actividad puede realizar al desarrollo industrial argentino.
"Comprar construcciones modulares con hasta su último tornillo importado, ensamblados en un país lejano y sin valor agregado local socava los intereses nacionales y la credibilidad en la industria", remarcaron.
El debate también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta considerada clave para atraer capitales al sector minero. Desde FAPROMIN señalaron que el verdadero impacto de estas inversiones dependerá de la capacidad de retener una porción significativa de los recursos dentro de la economía nacional.
"El RIGI solo sirve si los recursos de las inversiones quedan en el país. De otra manera, la repetición de la historia tendrá las mismas consecuencias del pasado", sostuvieron.
El documento difundido por la Federación cuenta con el respaldo de las entidades que integran la organización: CAPRIMSA, CASEMI, CAPPROMIN, CAPEMISA y CAPROMISA, representantes de proveedores mineros de San Juan, Catamarca, Salta y Santa Cruz.
Por su parte, desde Vicuña defendieron el proceso de selección y señalaron que la adjudicación fue el resultado de una licitación en la que se evaluaron aspectos técnicos, estándares de seguridad, cronogramas de ejecución y competitividad de costos, considerando además las complejas condiciones operativas de una obra que se desarrollará por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar.
La compañía también destacó el peso de la participación nacional dentro de su estructura operativa actual, al indicar que más del 95% de su plantilla está integrada por trabajadores argentinos, mientras que cerca del 73% de los empleados directos son oriundos de la provincia de San Juan.
