El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema de derechos de exportación de petróleo crudo, al elevar a US$65 por barril el umbral a partir del cual comienzan a aplicarse retenciones. La decisión apunta a sostener los niveles de producción e incentivar la inversión en yacimientos convencionales que atraviesan un proceso de declino natural.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 59/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y establece una alícuota del 0 % para las exportaciones de petróleo crudo provenientes de yacimientos convencionales cuando el precio internacional sea igual o inferior a US$65. El esquema anterior fijaba el Valor Base en US$45, por lo que la actualización implica una mejora sustancial en las condiciones de exportación.
En la práctica, el beneficio impacta principalmente en las áreas maduras ubicadas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén, donde los costos operativos son más elevados y la productividad de los pozos tiende a disminuir con el paso del tiempo.
Según la normativa, cuando el precio internacional del crudo supere los US$65 pero se mantenga por debajo de los US$80, considerados como Valor de Referencia, se aplicará una fórmula de cálculo específica para determinar el nivel de retenciones. En tanto, si el precio iguala o supera los US$80 por barril, la alícuota será del 8 %.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo central de la medida es revertir el declive de la producción en reservorios convencionales, afectados tanto por el agotamiento natural como por el aumento de los costos de operación y mantenimiento. En ese contexto, la adecuación fiscal busca mejorar la competitividad del sector y generar previsibilidad para sostener el empleo y la actividad en regiones petroleras históricas.
Los considerandos del decreto indican que la decisión surge tras acuerdos alcanzados entre el Estado Nacional, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH). La negociación con las provincias se dio en paralelo al debate parlamentario por la reforma laboral, un proyecto clave para el oficialismo que requiere el acompañamiento de distritos aliados.
Para la implementación concreta del beneficio, la Secretaría de Energía será la encargada de determinar el volumen de crudo alcanzado por el nuevo esquema, tomando como base la proporción de producción convencional de cada área de concesión.
El organismo contará con un plazo de 60 días para dictar las normas complementarias, a partir de las cuales la medida comenzará a aplicarse plenamente. Desde el sector energético consideran que el nuevo esquema puede aportar alivio a los productores tradicionales y contribuir a sostener la actividad en un contexto de fuertes desafíos económicos y productivos.
