Salta Mining
El senador Miguel Calabró, una voz importane para el sector minero en la provincia, fue claro: “La presencia del Estado en la Puna no puede seguir siendo una promesa, tiene que ser una realidad”. La apertura de una oficina de Minería en San Antonio de los Cobres -proyecto comprometido en el actual presupuesto 2025- busca consolidar un espacio físico que acerque al Gobierno provincial, a las empresas y a las comunidades que conviven a diario con la actividad.
“Venimos pidiendo al Ejecutivo y a la Secretaría de Minería que se concrete este año. Ya hay intención y hasta se definió el lugar, pero aún no se arrancó”, señaló Calabró. Para el legislador, la falta de una oficina en la zona no es solo una cuestión de presupuesto: “Hay temas de organización y pequeños conflictos que terminan erosionando proyectos importantes, sobre todo en el vínculo con las comunidades. Estar en el territorio ayuda a resolverlos. Cuando el Estado se hace presente, las cosas funcionan mejor”.
El senador recordó experiencias anteriores que demostraron la eficacia de la descentralización. “Pasó en el norte en los 90, con Mosconi y Aguaray. Hasta que no se designaron delegados, los conflictos no se resolvían. En minería ocurre lo mismo. La presencia territorial no solo ordena la actividad, sino que genera confianza”.
Calabró destacó que Salta supo diferenciarse del resto del país por el fuerte acuerdo social que acompañó el desarrollo minero, pero admitió que en los últimos tiempos comenzaron a aparecer tensiones. “El gobernador tomó nota y ordenó reforzar los controles. La gente de la Puna necesita tranquilidad. Ven pasar camiones, maquinaria, y sienten que su entorno cambia. Hay que dar certezas sobre el agua, los residuos, el transporte. Todo eso se logra con presencia del Estado”.
El rol del control, según Calabró, no es un obstáculo sino una garantía de calidad para las propias empresas. “Los inversores necesitan ser controlados. Son firmas que cotizan en bolsa, que certifican estándares internacionales. Una inspección rigurosa y transparente también les da respaldo. Hay un doble estándar de calidad que debemos sostener”, explicó.
Sin embargo, el senador advirtió sobre una dificultad estructural, la pérdida de técnicos e inspectores capacitados hacia el sector privado. “El Estado forma gente, les paga bien para los niveles públicos, pero después viene una empresa y les ofrece 1.500 dólares y se vab. Es difícil competir. Habrá que crear incentivos o nuevas normas que permitan retener ese capital humano. No hay que tener vergüenza de pagar bien a quien controla”, remarcó.
Consultado sobre el panorama actual del sector, Calabró reconoció una cierta desaceleración, aunque se mostró optimista de cara a 2026. “Tenemos más de 30 proyectos en desarrollo. Es verdad que el precio del litio cayó y eso ralentizó varios emprendimientos. Pero el nivel de empleo directo se mantiene en torno a los 5.700 puestos, y todos los actores coinciden en que el repunte está cerca”.
El senador vinculó la cautela de los inversores a factores macroeconómicos y políticos. “Muchos estaban esperando las elecciones y ver señales claras del Gobierno Nacional. Hay muchos anuncios, pero pocos beneficios concretos. No pueden disponer de dólares libremente y sienten que hay un atraso cambiario. Eso genera dudas”, explicó.
Aun así, Calabró transmitió esperanza. “Los proyectos mineros no son de un día para otro. Son de 20, 30 o 40 años. Estamos más cerca que lejos de consolidar una minería madura, sustentable y con equilibrio social. Pero eso se logra con presencia, control y diálogo”, concluyó.
