Se cumplen seis años de la Ley 8164: la historia de un sueño minero que nació en la Puna y se transformó en política de Estado

La génesis de la Ley 8164 que promueve la contratación de proveedores y trabajadores salteños no se explica en los pasillos del poder ni en frías oficinas de abogados. Se explica en los pueblos de altura, en las calles polvorientas de San Antonio de los Cobres, en las conversaciones de vecinos que soñaban con cambiar la realidad de la Puna a partir de la minería.

Todo comenzó en 2013, cuando un grupo de pequeños emprendedores encabezados por Luis Vacazur empezaron a organizar lo que luego sería la primera Cámara Pyme de Proveedores Mineros de pueblos originarios. Aquella idea, que parecía un desafío utópico, apuntaba a romper un paradigma de que los hijos e hijas de policías fueran policías, o que los de docentes fueran docentes. La meta era distinta, y apuntaba a abrir el camino para que jóvenes y familias se animaran a emprender en la actividad minera y de servicios.

En 2015, la Cámara se inauguró oficialmente con la visita del entonces secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Para los puneños, que rara vez recibían visitas de autoridades nacionales, fue un espaldarazo enorme. Ese mismo día, Mayoral pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “Si tuviera diez años menos, me vendría a vivir a San Antonio de los Cobres. Ustedes no saben lo que va a suceder aquí con el desarrollo minero”.

Esa visión fue la semilla. Vacazur y otros emprendedores comenzaron a viajar a Jujuy, Catamarca, San Juan y hasta Chile, para aprender cómo funcionaban los ecosistemas mineros en otras regiones. Comprendieron que el desarrollo no llegaría de la noche a la mañana. Había que preparar proveedores, formar pymes, establecer reglas claras y garantizar que las comunidades originarias fueran parte de la cadena de valor.

En paralelo, la idea de darle forma a una ley empezó a madurar. Fue entonces cuando entró en escena el diputado César Córdoba, representante del departamento de Los Andes. Córdoba escuchaba las necesidades que planteaban los emprendedores y las traducía en borradores. El espíritu de la futura ley nació de esas charlas, en las que se buscaba la forma de garantizar el compre local, la contratación de mano de obra de la región, la obligatoriedad de consultas previas informadas y audiencias públicas, además de asegurar que todos los eslabones -mineras, contratistas, pymes, emprendedores, trabajadores y comunidades- se integraran a la cadena de valor.

La primera reunión formal sobre el proyecto se realizó con Manuel Santiago “Indio” Godoy, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Al principio, la propuesta era una “ley de compre local” limitada solo a la Puna. Godoy, con su estilo frontal, fue categórico: “No vamos a hacer una ley para que te compren solo a ustedes”. Aquella crítica obligó a ampliar la mirada. La ley ya no podía ser solo para un puñado de proveedores puneños, debía ser para toda la provincia.

Ese giro fue clave. Desde entonces, el proyecto tomó forma y empezó a recorrer despachos, reuniones en Casa de Gobierno y encuentros con comunidades originarias. En ese trayecto también participaron dirigentes como el senador Martín “Sapito” Arjona, el intendente Leopoldo Salva, caciques como Pedro Lázaro de la comunidad Coya del Desierto y referentes como Miguel Ciares. Cada uno aportó su voz en un proceso que ya no era solo político o empresarial, sino también social y cultural.

En 2016, se dio un paso simbólico pero importante: la Puna celebró por primera vez el Día Nacional del Proveedor Minero, tomando como referencia una resolución de la Secretaría de Minería de la Nación. Aquella fecha pasó a ser una bandera, primero en la Puna y después en todo el país, un recordatorio de que los emprendedores locales también tenían un lugar en la minería que se avecinaba.

El camino legislativo no fue fácil

Hubo borradores que quedaron en el cajón, debates ásperos en ambas cámaras y resistencia de sectores que veían a la minería con desconfianza. Sin embargo, el trabajo de hormiga -ese “lobby artesanal” de golpear puertas y convencer diputado por diputado, senador por senador- terminó dando frutos.

A la construcción de consensos se sumó CAPEMISA, con referentes como Alberto Fioravanti, que aportaron experiencia técnica y respaldo institucional. La participación de Gonzalo Castañeda, entonces secretario de Minería de la Provincia, también resultó clave en la redacción definitiva.

Finalmente, el 26 de septiembre de 2019, la Legislatura sancionó la Ley 8164 de Promoción Minera, una norma que se convirtió en la piedra angular del desarrollo minero salteño.

Hoy, cuando la minería comienza a movilizar millones de dólares y generar empleo en la provincia, la importancia de aquella ley resulta incuestionable. No fue un proyecto escrito desde un escritorio, sino el fruto de años de lucha, aprendizaje y visión colectiva.

La Ley 8164 nació del sueño de un puñado de emprendedores puneños, se nutrió del trabajo político de diputados y senadores, se enriqueció con la mirada de caciques y comunidades, y se consolidó gracias al compromiso de instituciones provinciales. Una historia que demuestra que, cuando hay voluntad y visión compartida, los sueños se convierten en leyes que pueden cambiar la historia de un pueblo.