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La vida de varios organismos públicos, al menos tal como se conocieron siempre, está a punto de cambiar. O, por lo menos, de empezar a transitar un nuevo camino.
Uno de los decretos que más expectativas genera, por el tamaño de las reparticiones en cuestión y por las funciones que desarrollan, es el que promueve la modificación y desaparición de algunos y la creación de otros. Vale recordar que ya se vence la emergencia que estaba incorporada en la Ley Bases y que, desde el miércoles, varias de las funciones delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo, ya no podrán utilizarse.
A grandes rasgos, el último borrador que circuló propone la disolución de tres organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Todo ese mundo que ahora depende del Ministerio de Transporte.
¿Podría estar la Argentina en la última semana de vida de Vialidad Nacional, uno de los organismos más federales que tiene el país? Sí, al menos si avanza el último borrador conocido, un proyecto de decreto firmado electrónicamente ayer.
De acuerdo con ese documento, como se dijo, se decidió el fin de Vialidad. Del articulado se desprende que las funciones que hasta ahora tiene el organismo descentralizado serán reasignadas.
Las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias, que son competencia de la DNV, porque en el nuevo esquema pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente. De hecho, en todas las disposiciones que mencionan a la DNV, de ahora en más, se entenderá que se refieren al Ministerio de Economía o a quien este designe.
Entre los motivos del cierre de Vialidad, de acuerdo con este proyecto de decreto, se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”.
También habla de una desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico frente a los dependientes operativos.
Hay un párrafo que formula el camino que seguramente se elegirá. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”. Es decir, las rutas serán privadas.
La otra gran función, la fiscalización y el control de las concesiones viales vigentes y futuras, que anteriormente eran parte de las competencias de Vialidad, serán asignadas a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Esta nueva, según este esquema, no es ni más ni menos que el resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un ente de control que desaparecerá a manos de esta agencia. La idea del Gobierno es mantener la condición de ente regulador autárquico para “proteger los derechos de los usuarios”. La reorganización, dice el decreto, intenta “optimizar el desempeño técnico, establecer un organismo específico de fiscalización, reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos”.
Como se dijo, otro de los organismos disueltos es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La mayoría de sus competencias serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen. Sin embargo, hay un punto que llama la atención. La prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería.
“La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, dice la norma.
Este borrador, que como se dijo es un proyecto de decreto firmado el ayer domingo, faculta a la Gendarmería a “actuar de manera complementaria con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tareas de prevención y control de tránsito, mediante convenios específicos”.
Un punto más. Los recursos derivados de la contribución obligatoria equivalente al 1% sobre las primas de seguro automotor (que antes se asignaban a la ANSV) irán a la caja del Ministerio de Economía, que podrá destinarlos a otras jurisdicciones o entidades nacionales si estas llevan a cabo alguna de las funciones relacionadas con estos recursos
Finalmente, una creación más. La Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación se forma mediante la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, originalmente creada por la Ley N° 27.514 como un organismo descentralizado en la órbita del entonces Ministerio de Transporte.
Es posible que, en otra reforma, que avanza sobre los organismos relacionados con el mercado aerocomercial, también desaparezca alguna dependencia que trata sobre la siniestralidad aérea.
Así las cosas, se desandan estas 48 horas de frenesí regulatorio. Antes de que los poderes de la Ley Bases se conviertan en pasado. Y que los poderosos reguladores se parezcan a una calabaza.
Fuente: La Nación
