Litio: El punto de inflexión que Chile no puede desaprovechar

El reciente acuerdo entre Codelco y Rio Tinto para desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Maricunga no es un hecho menor. Representa una inflexión estratégica en la política minera nacional y redefine el rol que Chile puede jugar en la transición energética global. Más que una asociación técnica o comercial, es un gesto político, económico y tecnológico que pone a prueba la visión de largo plazo del país respecto a sus recursos críticos.

Maricunga ha sido durante años un proyecto pendiente. Con una de las salmueras de litio de mayor concentración del mundo, su potencial es reconocido internacionalmente. Sin embargo, ha estado bloqueado por falta de acuerdos, permisos y visión. Hoy, con la entrada de Rio Tinto, uno de los gigantes mineros globales, y con una inversión cercana a los US$900 millones, el proyecto da un salto cualitativo. La utilización de tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), mucho más eficiente y menos intensiva en agua que los métodos tradicionales de evaporación, será determinante. Es la señal de que Chile quiere competir no solo en volumen, sino en innovación y sostenibilidad.

La importancia de este acuerdo no radica solo en lo que implica para Codelco, que amplía su giro más allá del cobre, sino también en lo que representa para el país: la recuperación de una estrategia estatal en torno a un mineral clave. La Estrategia Nacional del Litio comienza a materializarse, estableciendo una fórmula de participación estatal activa con alianzas público-privadas que equilibran soberanía con eficiencia y escala global.

Pero más allá del anuncio, es clave entender el momento global. El mundo se encamina hacia una demanda de litio sin precedentes. Proyecciones conservadoras señalan que en 2030 se requerirán más de 2,4 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), el doble de lo que se estima para 2025. Este crecimiento está impulsado por la electrificación del transporte, el almacenamiento de energía renovable y la transición energética en general. En paralelo, se prevé un déficit de oferta de al menos 300 mil toneladas de litio al final de esta década. Es decir, quien llegue antes y con procesos más limpios tendrá una ventaja competitiva decisiva.

En este escenario, Chile aún tiene cartas fuertes. Si bien fue desplazado del liderazgo mundial en producción por Australia y superado en dinamismo por Argentina, conserva ventajas estructurales: enormes recursos, estabilidad institucional, infraestructura minera consolidada y capacidad técnica. Lo que ha faltado —y aún falta— es ejecución. La alianza con Rio Tinto puede marcar un antes y un después si se logra avanzar con rapidez, transparencia y responsabilidad ambiental.

Codelco, con una participación del 50,01% en el proyecto, mantiene el control de la operación, mientras Rio Tinto aporta conocimiento, capital y tecnología. Es un esquema virtuoso si se gestiona con visión pública, sin burocracia paralizante. Además, Maricunga podría complementarse con otros desarrollos en la misma región, como el proyecto de cobre “Nuevo Cobre”, también impulsado por ambas compañías, generando economías de escala y menor impacto ambiental.

No obstante, no se deben minimizar los desafíos. Maricunga se ubica en un entorno ecológico sensible, con presencia de comunidades indígenas y ecosistemas de alto valor. La licencia social no es un trámite: es un requisito. Cumplir con los más altos estándares ambientales y asegurar una participación efectiva de las comunidades será clave para la viabilidad del proyecto. En esto, tanto Codelco como Rio Tinto deberán actuar con transparencia, diálogo permanente y una actitud ejemplar.

El caso Maricunga debe leerse también a la luz de otro anuncio reciente: el acuerdo entre ENAMI y Rio Tinto para desarrollar el proyecto de litio Salares Altoandinos. Esta iniciativa contempla una inversión de hasta US$3.000 millones y apunta a una producción anual de 75.000 toneladas de LCE. La participación inicial será de 49% para ENAMI y 51% para Rio Tinto, replicando la fórmula de colaboración estatal con experiencia internacional. También se utilizará DLE, reforzando la transición tecnológica de la industria chilena del litio.

Estos acuerdos no solo fortalecen el portafolio de proyectos en manos del Estado, sino que sitúan a Chile nuevamente en el radar de los grandes inversionistas globales. Rio Tinto, que hasta hace poco era un actor marginal en litio, ahora consolida su posición en el país, en paralelo a lo que ocurre en Argentina. Y lo hace con una apuesta tecnológica y ambiental que va en línea con las exigencias del siglo XXI.

Frente a un mercado global cada vez más competitivo, Chile necesita actuar con sentido de urgencia. Los recursos están, la demanda existe, los socios han llegado. Lo que falta es avanzar en la implementación efectiva de estos proyectos, destrabar permisos, profesionalizar la gestión estatal y establecer mecanismos ágiles pero responsables para evaluar impacto, distribuir beneficios y dar certezas jurídicas.

El litio, mal gestionado, puede convertirse en una nueva frustración nacional. Pero bien enfocado, puede ser el motor de una nueva era de desarrollo, innovación y liderazgo global. No se trata de repetir el modelo extractivista del siglo XX. Se trata de construir un modelo nuevo, donde el valor esté no solo en el recurso, sino en la forma de extraerlo, procesarlo, distribuir sus beneficios y proyectarlo hacia un desarrollo sostenible.

Chile tiene una segunda oportunidad con el litio. La primera ya la desperdició al dejar pasar una década clave. Hoy, Maricunga es más que un salar. Es un símbolo. Y su desarrollo marcará si esta vez estamos dispuestos a asumir el rol protagónico que el mundo nos está ofreciendo.