
Representantes de First Quantum Minerals presentaron el proyecto Taca Taca en Diputados
Germán Pérez describió que en su pico de producción Taca Taca generará el 1 por ciento del cobre mundial, lo que la califica como un proyecto de clase mundial.
Desde la Cámara de Minería de Salta valoraron la decisión del Gobierno de Salta de crear un régimen promocional transitorio para tasas mineras.
Salta07/05/2025En el Día de la Minería, el Gobierno provincia decidió avanzar en la implementación de un régimen promocional transitorio para las tasas retributivas de servicios aplicables al sector, una medida clave para estimular la exploración y fortalecer la competitividad de la actividad minera en la provincia. Este avance, fruto del diálogo entre el sector público y privado, responde a la necesidad de brindar condiciones más favorables para atraer inversiones reales y evitar la especulación, en un contexto global desafiante.
En este marco, la Cámara de Minería de Salta (CMS) celebró la reciente decisión del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Producción y Desarrolo Sustentable, Martín de los Ríos, de establecer un régimen promocional transitorio de las tasas retributivas de servicios aplicables a la actividad minera, con el objetivo de promover la exploración minera en la provincia.
Este importante paso, fruto del diálogo institucional y del consenso entre los sectores público y privado, responde a una solicitud sostenida de la institución que representa a las empresas mineras, en un contexto desafiante para la industria. La medida se inscribe en la necesidad de brindar estímulos adecuados para reactivar una actividad que hoy enfrenta condiciones complejas a nivel global, y de evitar la actividad especulativa a la vez que se promueven inversiones reales en el sector.
El Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 244 permitirá aliviar los costos asociados a trámites administrativos, contribuirá a nuevas inversiones y a sostener la competitividad del sector frente a otras jurisdicciones, generando más oportunidades para la provincia. El régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga de hasta un año.
“Destacamos esta decisión como un gesto concreto de apoyo a una actividad que es motor de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento regional. La minería representa hoy uno de los pilares de la matriz productiva de Salta y requiere de políticas activas que acompañen su evolución en un entorno cambiante”, señaló el presidente de la CMS, Simón Pérez Alsina.
“Desde la Cámara, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades provinciales y todos los actores del sector minero para consolidar a Salta como un destino confiable, competitivo y sustentable para la inversión y el desarrollo minero”, concluyó el representante institucional.
El año pasado, el Gobierno provincial había realizado una controvertida suba de impuestos para evitar la especulación en el sector, sin embargo terminó impactando de lleno a la actividad minera provincial. Tras un año de pedidos y advertencias sobre la pérdida de competitividad, el gobierno local reconoció el malestar del sector y puesto en marcha conversaciones para una posible reducción de tasas.
La medida original, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada en enero del año siguiente (Ley N° 8.419), generó un profundo descontento en la industria. Los nuevos valores, que entraron en vigor en febrero, elevaron drásticamente los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la crucial tarea de exploración de nuevos yacimientos.
Los valores antes del incremento eran casi absurdos, pero con la modificación, Salta había quedado muy elevado respecto a las demás provincias mineras de la región. Para ilustrar el impacto, el permiso de cateo, esencial para la búsqueda de nuevos recursos, se disparó de $4.950 a la exorbitante cifra de $13.200.000. De igual manera, la adquisición de una mina vacante experimentó un salto de $132.000 a $29.700.000. Incluso trámites necesarios para el desarrollo de proyectos, como la solicitud de servidumbre para instalaciones básicas, alcanzaron los $13.200.000.
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