Salta actualiza su Digesto Normativo Minero Ambiental: cuáles son las leyes clave para el sector

En el marco del compromiso del Gobierno la modernización, desburocratización y transparencia, se ha actualizado el Digesto Normativo Minero Ambiental de la Provincia de Salta para incorporar las normativas vigentes hasta 2025. 

Este compendio digitalizado y publicado refleja la política de estado del gobernador Gustavo Sáenz por una minería sostenible y transparente. El documento está disponible para consulta a través del enlace: http://bit.ly/3WKZJEv

Esta iniciativa se enmarca en el Eje N.º 2 de Modernización del Estado del Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2030, marcando un avance significativo en la gestión minera de Salta desde el inicio de la actual administración. 

El crecimiento de la actividad minera en la provincia exige mayor transparencia, acceso a la información y una gestión pública eficiente.

En respuesta, el Digesto ofrece enlaces directos a las normativas nacionales y provinciales que regulan la exploración, adquisición, explotación y uso de recursos minerales. 

Además, incluye disposiciones específicas sobre gestión y protección ambiental, esenciales para la actividad minera. Este esfuerzo también está alineado con la implementación local del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. 

Las actualizaciones incluyen: 

La Ley 27.742/24 establece las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, incluyendo el Título VII, que regula el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En este marco, la Ley 8451/24 adhiere a la normativa nacional, permitiendo que la Provincia de Salta incorpore el régimen como una herramienta clave para promover el desarrollo económico y productivo. 

La Resolución N.º 066/24 introduce la identificación obligatoria de vehículos utilizados en actividades mineras, con el objetivo de incrementar la transparencia y fortalecer los mecanismos de control en el sector. Su implementación fue prorrogada al 1 de octubre de 2024 mediante la Resolución N.º 071/24, brindando un mayor plazo para su adecuada ejecución. 

La Ley 8405/23 modifica el artículo 34 de la Ley 7.141, estableciendo nuevas regulaciones en los requisitos ambientales previos al inicio de actividades mineras. Esto incluye la obligatoriedad de presentar Informes de Impacto Ambiental y Social Iniciales y sus respectivas actualizaciones. La Secretaría de Minería será la encargada de gestionar y evaluar estos informes, notificando al Juzgado de Minas las observaciones y decisiones. Aunque los dictámenes del Organismo Ambiental Provincial serán requeridos, no tendrán carácter vinculante en la aprobación de los proyectos. 

Por último, la Resolución N.º 134/24 actualiza la cuota fija anual para canteras de minerales de tercera categoría a $45.520 por hectárea, aplicable desde el 1 de enero de 2025, y establece revisiones periódicas para ajustar los valores de acuerdo con las condiciones económicas y sectoriales.