First Quantum busca el diálogo con el gobierno nacional para destrabar el conflicto en Cobre Panamá

La situación de la mina Cobre Panamá, uno de los proyectos mineros más grandes de América Latina, sigue siendo incierta mientras el Gobierno de Panamá (GOP) y la empresa Minera Panamá S.A. (MPSA), subsidiaria de First Quantum Minerals, continúan en un tenso proceso de revisión y negociación. En el centro de este tira y afloja están el plan de Preservación y Mantenimiento del Sitio (P&SM), las auditorías anunciadas por el gobierno y dos procedimientos de arbitraje en curso.

Este proyecto minero fue propiedad de Inmet Mining hasta 2013, cuando esta empresa pasó a manos de First Quantum Minerals Ltd. (FQM). La construcción continuó durante los siguientes seis años hasta 2019. ​Cobre Panamá representa una inversión total de 6.200 millones de dólares. 

El 16 de enero de 2024, a solicitud del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Cobre Panamá presentó un borrador del P&SM, un plan necesario para mantener las operaciones críticas de la mina mientras se resuelven las disputas. La nueva administración gubernamental, que asumió en julio de 2024 bajo la presidencia de José Mulino, revisó este plan y solicitó información adicional, que fue entregada por MPSA el 27 de agosto de 2024. La empresa realizó también una presentación formal al MICI el 25 de septiembre de 2024. Sin embargo, la aprobación del P&SM sigue pendiente, lo que retrasa la implementación de medidas clave.

Mientras tanto, el presidente Mulino ha declarado que su gobierno abordará la situación de Cobre Panamá a inicios de 2025, en medio de una creciente expectativa. El gobierno también ha anunciado una auditoría integral, realizada por expertos internacionales, para establecer una base sólida sobre la cual tomar decisiones respecto al futuro de la mina. Este proceso, respaldado por la empresa, aún no tiene un cronograma claro.

Cobre Panamá, un proyecto estratégico tanto para la economía del país como para First Quantum, es un motor clave de exportaciones y empleo. La empresa ha llevado a cabo, desde principios de 2024, un programa exhaustivo de divulgación pública, alcanzando a más de 20,000 ciudadanos a través de visitas al sitio (ahora suspendidas) y charlas en instituciones educativas. Además, 40,000 panameños han realizado recorridos virtuales por la mina, en un esfuerzo por aumentar la transparencia y mejorar la percepción pública del proyecto.

No obstante, el conflicto ha escalado hacia dos arbitrajes. Uno de ellos, iniciado por Minera Panamá S.A. el 29 de noviembre de 2023 ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), busca proteger los derechos de la empresa en relación con el Contrato de Concesión Actualizado, firmado en octubre de 2023. Este contrato, que establece que el arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida, tiene su audiencia final programada para septiembre de 2025.

"La empresa tiene derecho a presentar su reclamación arbitral bajo el TLC dentro de los tres años posteriores a las violaciones de Panamá al acuerdo. La empresa reitera que el arbitraje no es la solución preferida para la situación en Panamá y sigue comprometida con el diálogo con el GOP y con ser parte de una solución para el país y su gente", expresó First Quantum Minerals en un su reporte del tercer cuarto del 2024.

Paralelamente, First Quantum presentó una notificación de intención el 14 de noviembre de 2023 bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Panamá, iniciando un proceso de consultas que podría culminar en un arbitraje por violaciones del tratado. La empresa acusa al gobierno panameño de no permitir que MPSA operara legalmente la mina antes de la decisión de la Corte Suprema de noviembre de 2023, lo que generó pérdidas y afectó sus operaciones.

A pesar de estos frentes judiciales, First Quantum ha expresado en reiteradas ocasiones que el arbitraje no es su solución preferida. La empresa ha mantenido su compromiso con el diálogo y con encontrar una solución que beneficie tanto al país como a la compañía. Mientras tanto, la situación de Cobre Panamá sigue siendo una cuestión crítica, no solo para la industria minera de la región, sino también para la economía panameña, que depende en gran parte de los ingresos generados por este megaproyecto.

El desenlace de este conflicto, con sus implicaciones legales, económicas y políticas, será decisivo para el futuro de la minería en Panamá y podría sentar precedentes para otros proyectos mineros en América Latina.