Martín Rodríguez
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, junto a miembros de su equipo, se reunió con integrantes de la Cámara de Diputados para tratar una posible adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado en la Ley de Bases y Puntos de Partidas. La reunión fue convocada por el presidente del cuerpo Esteban Amat.
Los funcionarios provinciales valoraron la importancia de esta normativa para atraer grandes inversiones a Salta, particularmente en los rubros minero y energético donde la provincia tiene un enorme potencial. En ese sentido recomendaron la “pronta adhesión estratégica, a fin de ser los primeros que capten las posibles inversiones”.
De los Ríos señaló que “si Argentina no genera atractivos para lograr la inversión privada, la posibilidad de desarrollarnos económicamente y socialmente va a quedar muy comprometida, como consecuencia también de la falta de credibilidad que tiene nuestro país a nivel internacional”.
Enfatizó que el gobernador Gustavo Sáenz, “atento a que esto no es un cheque en blanco, ni una decisión que no pueda modificarse, abre la puerta a la posibilidad de debatir”.
Por su parte, el coordinador de esa cartera, Diego Dorigato, remarcó que “los inversores piden seguridad jurídicas y tener la certeza que el flujo de fondos no se va a cambiar por una decisión política”.
Además, subrayó la posibilidad de que el Gobierno Provincial adhiera al artículo 103 de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, posibilitando el aumento del 5% de regalías en boca de mina para los nuevos proyectos, ya que se respetan las condiciones jurídicas de aquellos que ya están en marcha. “Esto faculta a la Provincia a analizar en qué casos es posible que esto se aplique, dependiendo de que mineral se extraiga, de la inversión y de las variables económicas de la inversión”, expresaron. A su turno, la secretaria de Minería y Energía Romina Sassarini destacó además la caída del precio del carbonato de litio, que está ralentizando el desarrollo de las inversiones. Subrayó que la adopción de un régimen “que busca darles estabilidad fiscal a proyectos de inversión superiores a USD 200 millones equilibra esa situación para que la provincia continúe siendo atractiva para nuevos prospectos”.
También señaló que no se contrapone con la Ley 8.164 de Promoción Minera, y que se aplica a las nuevas inversiones ya que no tiene previsto un mecanismo retroactivo.
Consultados por los controles en materia de impacto ambiental, la secretaria de Minería y Energía Romina Sassarini explicó que este continuará bajo la órbita del Gobierno Provincial, ya que el RIGI no establece ninguna regulación en ese sentido.
Los funcionarios provinciales destacaron que el RIGI, además, establece la contratación obligatoria de un mínimo del 20% de proveedores locales, y eso significa un derrame en la creación y desarrollo de PyMEs, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.
El RIGI fue aprobado en junio pasado, en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con el propósito de fomentar grandes proyectos de inversión e impulsar el desarrollo de cadenas de producción estratégicas. Entre estas, se destacan: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, e hidrocarburos.
Las empresas interesadas deben presentar un Plan de Inversión al Ejecutivo Nacional, por un mínimo de USD 200 millones, colocando, al menos, el 40% en los dos primeros años. En caso de proyectos de exportación estratégica se requiere un mínimo de USD 1000 millones.
