






Habilitaron las exportaciones directas desde cualquier aduana
Salta Mining










El Gobierno nacional puso de relieve la eliminación de una exigencia aduanera que obligaba a las empresas mineras a realizar traslados innecesarios antes de exportar su producción. La modificación apunta a reducir costos, evitar movimientos logísticos sin sentido y facilitar las operaciones de compañías que desarrollan proyectos en distintas provincias.
La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5.917 (publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre) que permite exportar directamente los minerales procesados desde cualquier aduana habilitada del país, independientemente de la provincia donde se encuentre el yacimiento de origen.
Hasta ahora, cuando una compañía explotaba yacimientos en diferentes provincias y concentraba el procesamiento en una sola planta, debía trasladar los lingotes obtenidos nuevamente hasta la jurisdicción de origen del mineral antes de concretar su exportación.
En la práctica, esta exigencia generaba recorridos adicionales, mayores gastos de transporte y demoras administrativas que impactaban en los costos de producción y comercialización internacional.


Con el nuevo esquema, las empresas podrán despachar su producción desde la aduana habilitada que resulte más conveniente para su operación, sin necesidad de realizar ese recorrido de regreso, según señalaron hoy desde la Vocería de la Presidencial.

El cambio tiene especial relevancia para una industria como la minera, donde la ubicación de los yacimientos, las plantas de procesamiento y la infraestructura logística no siempre coinciden dentro de una misma provincia. En regiones como el NOA, donde existen proyectos que requieren importantes inversiones en transporte e instalaciones industriales, la simplificación de estos procedimientos puede representar una ventaja operativa.
La iniciativa forma parte de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional. Según informó el Ministerio de Desregulación, la administración ya eliminó unas 18.000 regulaciones y continuará revisando normas que considera obstáculos para la actividad económica.
El desafío será que estas modificaciones se traduzcan en menores costos, mayor competitividad y mejores condiciones para que las inversiones mineras puedan desarrollarse y colocar su producción en los mercados internacionales.


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