Salta Mining
Argentina acaba de poner sobre la mesa una idea que, de concretarse, puede modificar buena parte del mapa productivo nacional. El acuerdo firmado en Nueva York entre el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau apunta a construir el denominado Corredor Andes-Atlántico, una red de infraestructura destinada a unir las zonas productivas del interior con las vías de salida hacia el océano Atlántico.
La cuestión de fondo no pasa solamente por conseguir financiamiento para nuevas obras. El desafío es mucho más concreto. Argentina tiene recursos, pero necesita caminos competitivos para llevarlos hasta los mercados internacionales.
La minería del NOA es quizás el ejemplo más evidente. Litio, cobre, oro y otros minerales críticos se encuentran a cientos de kilómetros de los principales puertos. En Vaca Muerta ocurre algo parecido con los hidrocarburos. La producción puede crecer, pero necesita ferrocarriles, rutas, energía, ductos, terminales y logística suficiente para acompañar ese salto.
El acuerdo con Estados Unidos aparece precisamente sobre ese cuello de botella.
Uno de los puntos centrales es el esquema financiero previsto para el proyecto. Cerca de USD 7.000 millones estarían destinados a Argentina LNG, el megaproyecto de YPF en Vaca Muerta, dentro de una inversión total que rondaría los USD 51.000 millones.
La ejecución de buena parte del plan se proyecta hacia 2027, lo que coloca a la infraestructura energética argentina frente a una ventana de crecimiento que no admite demasiadas demoras.
El protagonismo de YPF no es casual. La petrolera estatal, junto con socios internacionales de Italia y Emiratos Árabes Unidos, impulsa Argentina LNG, uno de los proyectos de mayor magnitud vinculados con Vaca Muerta.
El objetivo es transformar el gas en una plataforma exportadora permanente y no solamente en una herramienta para abastecer el mercado interno.
La minería aparece como otra de las piezas estratégicas. El corredor busca conectar las regiones productoras del noroeste con la infraestructura ferroviaria, la Hidrovía y los puertos atlánticos.
Para provincias como Salta, Jujuy y Catamarca, la discusión es especialmente relevante. El crecimiento minero necesita bajar costos logísticos. Sin esa condición, buena parte de la ventaja geológica puede terminar absorbida por el transporte.
Uno de los frentes contemplados es la expansión y eventual privatización de distintos corredores ferroviarios, entre ellos Belgrano Cargas y ramales estratégicos hacia Bahía Blanca.
Para la minería, el ferrocarril puede convertirse en una herramienta determinante. Transportar grandes volúmenes a largas distancias por vías férreas puede modificar la estructura de costos y permitir que proyectos alejados de los puertos sean competitivos.
La infraestructura no termina en las vías. El esquema incorpora también a la Hidrovía, que puede funcionar como una salida complementaria para cargas provenientes del interior.
La lógica es integrar producción, transporte y exportación. En otras palabras, que el mineral extraído en la Puna o el gas producido en Vaca Muerta no encuentren su principal obstáculo cuando abandonan el yacimiento.
El acuerdo contempla además transporte eléctrico de alta tensión y telecomunicaciones.
Esto revela que el corredor no debe interpretarse solamente como una ruta para sacar minerales y gas. La infraestructura energética será indispensable para sostener nuevos proyectos industriales y mineros, mientras que las telecomunicaciones son cada vez más necesarias para operar emprendimientos productivos ubicados en zonas alejadas.
Para Washington, el interés excede el negocio puntual de una obra o de una empresa.
Los minerales críticos adquirieron un valor estratégico internacional y Argentina posee recursos que pueden integrarse a cadenas de suministro occidentales. El litio y, especialmente, el cobre aparecen en ese escenario como activos de creciente importancia.
La conexión entre el NOA y el Atlántico puede convertirse así en una pieza de una estrategia mucho más amplia.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como uno de los elementos que buscan dar previsibilidad a los capitales de largo plazo.
La apuesta del Gobierno nacional consiste en ofrecer estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria para proyectos de gran escala. La minería y la energía son justamente dos de los sectores donde los tiempos de maduración requieren inversiones millonarias y horizontes extensos.
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles para Argentina. Tener litio, cobre, gas o petróleo no alcanza.
La verdadera competencia internacional se juega también en los costos logísticos, la disponibilidad energética, los puertos, los ferrocarriles y la seguridad jurídica.
El desafío para las provincias mineras será conseguir que esa infraestructura no quede concentrada exclusivamente en los grandes proyectos. El desarrollo de proveedores, PyMEs, contratistas y comunidades locales dependerá también de que el corredor genere actividad alrededor de los yacimientos.
El mensaje político también forma parte del paquete. La firma se produjo en Nueva York y tuvo como protagonistas a funcionarios de los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, en un momento en que ambos países buscan profundizar su relación económica y estratégica.
Horas antes, Milei había hablado ante Naciones Unidas y convocado a las empresas internacionales a invertir en Vaca Muerta, aunque vinculó esa apertura con la posición argentina sobre las Islas Malvinas.
El Corredor Andes-Atlántico, por lo tanto, no es solamente una obra de infraestructura. Es una apuesta para integrar recursos naturales, capital internacional, logística y mercados de exportación.
Para el NOA, la discusión será particularmente importante. La minería puede crecer mucho más rápido si consigue una salida eficiente hacia el Atlántico. Pero para que ese crecimiento se traduzca en desarrollo territorial, la infraestructura deberá avanzar al mismo ritmo que las inversiones.
Argentina tiene recursos para venderle al mundo. El próximo desafío es construir la infraestructura que permita sacarlos del territorio con costos competitivos, previsibilidad y participación de las economías locales. Ahí estará buena parte de la verdadera prueba del Corredor Andes-Atlántico.
