Salta Mining
La Legislatura de Salta aprobó por unanimidad la autorización para que el Gobierno provincial acceda a un financiamiento de hasta USD 100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a infraestructura, servicios básicos y fortalecimiento del sector minero. La iniciativa forma parte de un proyecto que el Banco Mundial aprobó en julio y que busca acompañar el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.
El expediente N° 91-54.648/26 recibió sanción como Proyecto de Ley en Revisión. Con la aprobación parlamentaria, la autorización pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, habilitando a la provincia a avanzar con el esquema de financiamiento.
La iniciativa lleva el nombre de “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta” y contempla una serie de inversiones estratégicas que combinan conectividad, logística, acceso al agua y saneamiento y modernización de las capacidades estatales vinculadas con la minería.
Uno de los componentes que adquiere particular relevancia para la actividad minera es el destinado a mejorar la infraestructura y las herramientas de gestión necesarias para acompañar la expansión del sector.
Según informó el Banco Mundial, el proyecto contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales de Salta para gestionar el crecimiento de la minería. Entre las acciones previstas aparecen la modernización de sistemas de información, el desarrollo de plataformas digitales, herramientas de monitoreo ambiental y capacitación técnica.
El programa también incorpora medidas orientadas a mejorar la transparencia y la gobernanza del sector minero, con el objetivo de que la provincia pueda gestionar el desarrollo de sus recursos minerales críticos bajo criterios de mayor capacidad institucional y control ambiental.
Este componente adquiere especial importancia en un escenario en el que Salta busca consolidar inversiones mineras y ampliar su infraestructura para acompañar el crecimiento de la actividad productiva.
Entre las inversiones previstas se encuentra la rehabilitación de 24 kilómetros de la Ruta Nacional 51, en el tramo comprendido entre Campo Quijano y Los Chorrillos.
Las obras estarán enfocadas en mejorar el sistema de drenaje y aumentar la capacidad de la infraestructura para enfrentar eventos climáticos, fortaleciendo así la conectividad hacia el área cordillerana.
La Ruta 51 constituye además un corredor estratégico para la actividad minera y para la conexión de Salta con los pasos internacionales hacia Chile.
El financiamiento también contempla mejoras en el Nodo Logístico y Parque Industrial General Güemes, ubicado sobre un sector estratégico del corredor Bioceánico y conectado con la red ferroviaria del Belgrano Cargas.
La infraestructura logística representa uno de los factores determinantes para las actividades productivas de la provincia, particularmente para sectores que necesitan transportar grandes volúmenes de insumos y producción hacia los mercados nacionales e internacionales.
En el caso de la minería, una mayor capacidad logística puede contribuir a reducir restricciones de infraestructura y mejorar la articulación entre los centros productivos, las rutas, el ferrocarril y los corredores de exportación.
El proyecto incorpora además obras destinadas a mejorar el acceso a servicios básicos en Olacapato y San Antonio de los Cobres, dos localidades ubicadas en la Puna salteña.
Según el Banco Mundial, las inversiones permitirán avanzar en sistemas destinados a garantizar el acceso a agua segura y mejorar el tratamiento de efluentes cloacales.
La incorporación de infraestructura de agua y saneamiento resulta especialmente relevante para una región donde conviven comunidades, actividad productiva y proyectos mineros, y donde el crecimiento económico plantea nuevas demandas sobre los servicios existentes.
El proyecto aprobado por el Banco Mundial contempla un financiamiento de USD 100 millones, bajo un esquema de margen variable y con un plazo de reembolso de 32 años.
El acuerdo establece además un período de gracia de siete años, de acuerdo con la información difundida por el organismo internacional.
La aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial se produjo el 6 de julio de 2026. Posteriormente, la Legislatura salteña sancionó por unanimidad la autorización para que el Poder Ejecutivo pueda acceder al financiamiento.
El programa busca articular diferentes componentes de la economía provincial. La estrategia combina inversiones físicas con el fortalecimiento de las capacidades públicas para gestionar sectores productivos considerados estratégicos, entre ellos la minería.
El Banco Mundial señaló que la iniciativa apunta a mejorar la conectividad, fortalecer la infraestructura logística, ampliar el acceso al agua y saneamiento y modernizar la gestión minera.
En ese sentido, el financiamiento no se limita a una única obra, sino que propone intervenir sobre distintos factores que condicionan el desarrollo económico de Salta.
Con la sanción legislativa, Salta completó un nuevo paso institucional para avanzar hacia la ejecución de un programa que vincula infraestructura, logística, servicios básicos y fortalecimiento de la gestión minera, en un momento de expansión de las inversiones productivas en la provincia.
