Salta Mining
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones al reglamentar el mecanismo que deberán cumplir las empresas y los inversores interesados en participar de las subastas públicas de compañías estatales. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa establece que todos los procesos de venta de activos y empresas públicas se realizarán de manera electrónica a través de la plataforma SUBAST.AR, mientras que los interesados deberán inscribirse previamente en el módulo específico de privatizaciones dentro del sistema CONTRAT.AR para quedar habilitados como oferentes. También contempla facilidades para concesionarios e inscriptos en registros oficiales ya vigentes.
El objetivo es dotar de mayor previsibilidad al proceso de privatización impulsado por el Ejecutivo en el marco de la Ley Bases y de la Ley de Reforma del Estado, que alcanzan a empresas estratégicas como Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística, AySA y otras firmas con participación estatal.
La reglamentación adquiere especial importancia para la industria minera, uno de los sectores que concentra las mayores inversiones previstas para los próximos años en Argentina.
El desarrollo de proyectos de cobre, litio, oro y plata en provincias como Salta, San Juan, Catamarca y Jujuy demanda una infraestructura logística moderna y eficiente para reducir costos, mejorar la competitividad y garantizar la salida de la producción hacia los puertos de exportación.
En ese contexto, una eventual participación privada en empresas vinculadas al transporte ferroviario, la infraestructura vial y los servicios logísticos podría acelerar inversiones largamente esperadas, especialmente en corredores estratégicos utilizados por la minería del NOA y Cuyo.
La modernización de redes como Belgrano Cargas y Logística y de corredores viales nacionales aparece como una de las principales demandas del sector minero, que viene advirtiendo sobre la necesidad de contar con una infraestructura acorde al crecimiento que impulsan los nuevos proyectos de cobre y litio.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca avanzar en la incorporación de capital privado para mejorar la eficiencia de empresas estatales consideradas estratégicas y, al mismo tiempo, crear mejores condiciones para sectores exportadores como la minería, cuya competitividad depende en gran medida de una logística moderna, segura y de menor costo.
