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Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el titular de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, remarcó que la seguridad jurídica constituye un pilar central para el desarrollo económico y advirtió que no puede aplicarse de manera selectiva.
“La seguridad jurídica debe ser para todos, no para unos y no para otros, porque si no, no es segura”, sostuvo el magistrado al participar del tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En ese marco, disertó sobre “La institucionalidad como pilar del desarrollo”.
Rosatti subrayó que el acatamiento obligatorio de los fallos del máximo tribunal resulta indispensable para brindar previsibilidad a los inversores y consolidar reglas claras dentro del sistema institucional. Según explicó, múltiples factores pueden incidir en una inversión, desde la interpretación de tratados internacionales hasta normativas ambientales, tasas municipales o conflictos de jurisdicción.
En ese sentido, afirmó que todas esas cuestiones deben ser resueltas en última instancia por la Corte Suprema, y que sus decisiones deben ser respetadas por los tribunales inferiores. “Entonces todos sabemos a qué atenernos. Y así hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión”, indicó.
El magistrado también vinculó la seguridad jurídica con la calidad institucional y recordó que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han ampliado los criterios de medición del desarrollo, incorporando variables como la salud, la educación y la solidez de las instituciones.
En esa línea, planteó que la seguridad jurídica tiene dos dimensiones: una normativa, relacionada con regulaciones económicas como tarifas, impuestos o tipo de cambio; y otra institucional, vinculada al funcionamiento del sistema republicano, la división de poderes y la independencia judicial.
“El Poder Judicial interviene en ambos planos, interpretando las normas y determinando su constitucionalidad”, explicó.
Por otra parte, Rosatti hizo hincapié en la alta demanda que enfrenta la Corte Suprema argentina en comparación con otros países. Señaló que, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos analiza cerca de 100 casos anuales, en la Argentina se dictan alrededor de 15 mil sentencias por año, lo que evidencia una fuerte necesidad de respuestas judiciales.
Finalmente, el presidente del máximo tribunal insistió en la importancia del cumplimiento de sus decisiones. Aseguró que el acatamiento obligatorio no está prohibido por la Constitución y lo definió como una herramienta clave para garantizar previsibilidad en el sistema.
“Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por normas locales o conflictos de jurisdicción. Y esas cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte”, concluyó.
