Salta Mining
A estas alturas existe en Argentina y especialmente en el NOA, una clara conciencia de que la minería puede convertirse en uno de los principales motores de la economía. De hecho, frente a otros sectores de la industria en los que la actividad atraviesa una profunda desaceleración y crece el desempleo, la minería aparece como un oasis en el que se demandan insumos y servicios, y en el que la curva de generación de empleo mostró un marcado crecimiento en los últimos tiempos.
Ahora bien, para atraer las grandes y tan ansiadas inversiones, los gobiernos deben garantizar entornos fiscales, crediticios, regulatorios, legales e institucionales que funcionen adecuadamente. Algunos de estos puntos fueron alcanzados por el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), aunque en el camino surgen algunas quejas de demoras burocráticas innecesarias, al menos para el sector minero, ya que en energías e hidrocarburos, todo parece ir sobre rieles.
Ahora bien, si nos detenemos en otros de los puntos necesarios para generar entornos dinámicos, atractivos para los grandes capitales, los planes estratégicos de infraestructura parecen hacer “agua”, en sentido metafórico y literal.
Por el momento no vio la luz una agenda de proyectos de inversión, capaz de asegurar que la actividad minera no sufra parálisis intermitentes por la falta de rutas y caminos en condiciones, que por los efectos de los fenómenos climáticos dejan aislados a los grandes proyectos de la Puna salteña.
Si bien surgen algunos esbozos de inversión privada en infraestructura pública, ésta crecerá en la medida que el sector privado vea que existen compensaciones entre riesgo y rentabilidad.
Uno de los requisitos clave para atraer capital privado a la actividad industrial es la infraestructura. Es decir, que se cuenta con las condiciones mínimas necesarias para comenzar a andar un proyecto. En tal sentido, la infraestructura vial está en la base de la pirámide. Existe un amplio conocimiento que de no ser así, los riesgos se incrementan y se traducen en pérdidas para toda la cadena de valor.
La situación de los caminos que conectan a la Puna con los puertos, requieren nuevos enfoques que permitan gestionar la próxima generación de inversores y de proyectos. Cuando la inversión se ve obstaculizada por riesgos e ineficiencias, percibidos y reales, se corre peligro de amesetamiento, un estado no deseado por las empresas, ni el Estado, ni las comunidades.
Entonces surgen interrogantes: ¿Quién debe hacerse cargo de la infraestructura clave para la minería? El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó recientemente que las provincias deben ponerse "manos a la obra" ante el claro problema de infraestructura que enfrenta Argentina.
Sin embargo, mega obras como la reparación total de la ruta nacional 51, por dar solo un ejemplo, no parece ser una empresa de la que solo pueda participar la provincia sin el empujón del Gobierno central. Habida cuenta, se trata de una ruta nacional, un tema que le compete directamente a Nación, en donde por el momento continúa primando la máxima: “No hay plata”.
Poco y nada podrá servir la "publicidad" que se haga en el exterior sobre las bondades de los recursos minerales argentos, sin una adecuada infraestructura que entusiasme a quienes están dispuestos a arribar con montañas de billetes verdes para emprender la "aventura" de extraer los minerales que aseguran, serán vitales para un futuro que ya se vislumbra a la vuelta de la esquina.
