Salta Mining
La fiscalización minera en San Juan incluye inspecciones directas en los yacimientos para comprobar que las tareas declaradas por las compañías coincidan con las evidencias encontradas en el terreno. Perforaciones, labores legales, inversiones, servidumbres y procesos de reactivación forman parte de los aspectos que revisa la Dirección Técnica Geológica Minera del Ministerio de Minería provincial.
El procedimiento comienza muchas veces con un dato aparentemente sencillo: las coordenadas consignadas en un expediente minero. A partir de esa información, los equipos técnicos se trasladan hasta sectores de la cordillera para constatar qué trabajos fueron efectivamente ejecutados y si las características geológicas observadas respaldan lo informado por los titulares de los derechos.
No se trata de campañas de exploración destinadas a descubrir nuevos recursos. El objetivo de las inspecciones es ejercer el control sobre la actividad y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa minera.
La dimensión de los operativos refleja el alcance de esta tarea. Desde el 15 de enero hasta la actualidad se realizaron 20 inspecciones, aunque esa cifra no equivale al número de expedientes fiscalizados. Una única salida a campo puede prolongarse durante varios días y abarcar diferentes trámites y derechos mineros.
De acuerdo con la información proporcionada por el área de Geología, más de 100 expedientes ya fueron controlados durante este año.
Entre las principales obligaciones examinadas aparecen las contempladas en los artículos 217 y 225 del Código de Minería. El primero está relacionado con los Planes y Montos de Inversiones, mientras que el segundo contempla los mecanismos de activación o reactivación de propiedades mineras que atravesaron períodos prolongados de inactividad.
La fiscalización no consiste simplemente en determinar cuánto dinero destinó una compañía a un proyecto. Los técnicos evalúan si los trabajos realizados guardan relación con el grado de desarrollo que presenta cada emprendimiento.
En una etapa temprana pueden resultar coherentes actividades de prospección, estudios geoquímicos o relevamientos geofísicos. En cambio, cuando un proyecto alcanza un nivel mayor de desarrollo, las verificaciones pueden incluir perforaciones, modelos geológicos y trabajos destinados a avanzar en la definición de recursos minerales.
Uno de los puntos centrales son las denominadas labores legales, donde los inspectores deben determinar si la mineralización declarada por la empresa se encuentra efectivamente en la ubicación consignada en la documentación.
Para realizar esta tarea, los equipos técnicos trabajan de manera coordinada con Catastro Minero. Las coordenadas incluidas en los expedientes permiten localizar los sectores que deben ser revisados y comprobar la existencia de perforaciones, canaletas, frentes de excavación, testigos de sondaje y otras evidencias geológicas.
El alcance de las inspecciones no se limita estrictamente a la mineralización. Los operativos también pueden incluir la revisión de servidumbres asociadas a caminos y puentes, campamentos, fianzas mineras y diferentes instalaciones vinculadas con los emprendimientos.
A esto se suman controles sobre explotaciones de minerales industriales, entre ellas canteras de áridos y yacimientos de bentonita.
“La función de Geología es verificar el correcto cumplimiento de la ley. Tenemos que comprobar que las cosas se hagan según la normativa vigente”, explicó Romina Gómez, geóloga al frente de la Dirección Técnica Geológica Minera.
Cuando durante las recorridas aparecen cuestiones que exceden las competencias específicas del área, las observaciones geológicas o ambientales son derivadas a los organismos provinciales correspondientes para que intervengan de acuerdo con sus atribuciones.
El despliegue de estos controles ocurre mientras San Juan atraviesa una etapa de intensa actividad exploratoria y mantiene expectativas sobre el desarrollo de grandes proyectos de cobre.
En ese escenario, las inspecciones constituyen una instancia de seguimiento destinada a verificar que los compromisos y actividades registrados en la documentación oficial tengan su correlato en el terreno. El objetivo es que la expansión de la actividad minera se desarrolle dentro del marco establecido por la legislación provincial y nacional.
Pero las recorridas generan además un resultado complementario. Las observaciones realizadas en campo, los registros geológicos y la verificación de muestras aportan información al conocimiento del territorio provincial, más allá de los objetivos específicos de cada expediente.
Se trata de una labor que transcurre lejos de los anuncios de inversiones y de los resultados de exploración que suelen ocupar el centro de la información minera. Sin embargo, la fiscalización técnica en terreno constituye una de las herramientas mediante las cuales el Estado verifica el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y sostiene el seguimiento de la actividad minera en San Juan.
