Salta Mining
La provincia de Santa Cruz dio un paso para reforzar los estándares de seguridad en la industria minera con la aprobación de un protocolo que establece procedimientos obligatorios para reportar, investigar y monitorear incidentes ocurridos en las operaciones extractivas.
La iniciativa fue oficializada por la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, a través de la Disposición N° 150/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa será de aplicación obligatoria para titulares de derechos mineros, empresas operadoras, contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades bajo la jurisdicción de la Autoridad Minera Provincial.
El nuevo protocolo busca unificar los criterios de actuación frente a incidentes de seguridad, estableciendo un procedimiento administrativo que abarca desde la notificación inicial hasta la investigación técnica y el seguimiento de cada caso, en cumplimiento de las disposiciones previstas por el Código de Minería de la Nación.
Entre los principales aspectos de la reglamentación, los incidentes serán clasificados en tres niveles: críticos, graves y de alto potencial, cada uno con requisitos específicos para su comunicación a la autoridad competente y con plazos definidos para la presentación de la información correspondiente.
Asimismo, la normativa dispone la preservación del sitio donde ocurra un incidente de mayor gravedad, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las investigaciones técnicas. También determina los contenidos mínimos que deberán incluir los informes elaborados por las empresas para facilitar el análisis de las causas y la adopción de medidas preventivas.
Otro de los puntos relevantes es la incorporación de definiciones técnicas estandarizadas, que permitirán mejorar la interpretación y el tratamiento de los distintos eventos relacionados con la seguridad minera. Entre ellas se incluyen conceptos como lesión o enfermedad grave, incidente peligroso, evento de alto potencial y cuasi accidente, favoreciendo una evaluación más precisa de los riesgos y una gestión más eficiente de la información.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la puesta en marcha de este protocolo apunta a fortalecer las tareas de fiscalización y control, al tiempo que promueve una cultura de prevención basada en procedimientos claros, criterios técnicos uniformes y mecanismos de mejora continua para reducir riesgos en las operaciones mineras.
Con esta actualización normativa, Santa Cruz busca consolidar un marco regulatorio más sólido en materia de seguridad minera, reforzando las herramientas de supervisión y elevando los estándares de gestión en una de las principales provincias productoras de minerales del país.
