Salta Mining
La administración nacional avanzó con una profunda actualización del régimen que regula las inversiones mineras en Argentina, con el objetivo de reducir costos operativos, agilizar gestiones y otorgar mayor previsibilidad a los proyectos del sector. La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 482/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida representa una de las reformas más significativas de los últimos años para la industria extractiva, ya que modifica un esquema regulatorio que se mantenía prácticamente sin cambios desde la década de 1990. Desde el Gobierno sostienen que la actualización responde a la necesidad de adecuar las normas vigentes a las nuevas dinámicas tecnológicas, administrativas y productivas que caracterizan a la minería moderna.
El nuevo decreto reemplaza íntegramente la reglamentación establecida por el Decreto 2686/93 y apunta a eliminar procedimientos considerados obsoletos, fortalecer la seguridad jurídica y modernizar los mecanismos de control estatal.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación plena de herramientas digitales para la gestión de trámites. En ese sentido, todas las empresas y actores inscriptos en el régimen deberán constituir un Domicilio Legal Electrónico, que será el canal oficial para recibir notificaciones y realizar diversas presentaciones obligatorias.
Asimismo, las declaraciones juradas anuales y los informes económico-financieros pasarán a gestionarse exclusivamente mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), eliminando instancias presenciales y reduciendo tiempos administrativos.
La digitalización también alcanza al comercio exterior. El régimen minero quedará integrado al Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y al Sistema Malvina, permitiendo controles y validaciones automatizadas para operaciones de importación vinculadas a la actividad.
Según fuentes oficiales, esta articulación tecnológica permitirá disminuir significativamente los costos asociados a los procesos aduaneros y acelerar la aprobación de operaciones.
Otra de las modificaciones relevantes es la redefinición del concepto de integración regional, ampliando hasta 500 kilómetros la distancia permitida entre los yacimientos y las plantas de procesamiento o beneficio mineral.
La decisión busca adecuar la normativa a las condiciones reales de operación de numerosos proyectos y facilitar el desarrollo de cadenas productivas más extensas, especialmente en regiones alejadas de los principales centros industriales.
Por otro lado, se crea un esquema específico para empresas prestadoras de servicios mineros, las cuales deberán demostrar que una porción mínima de su facturación anual proviene directamente de actividades vinculadas al sector para conservar determinados beneficios de importación previstos por la legislación vigente.
La intención oficial es asegurar que los incentivos estatales alcancen efectivamente a quienes participan de manera directa en la cadena de valor minera.
La reforma también introduce cambios vinculados al régimen de estabilidad fiscal, uno de los instrumentos más valorados por los inversores.
El decreto establece con mayor claridad el procedimiento para acceder al certificado de estabilidad fiscal por 30 años, precisando que dicho beneficio posee carácter declarativo y que su vigencia se computa desde la presentación original del estudio de factibilidad del proyecto.
Con esta aclaración, el Ejecutivo busca reducir interpretaciones divergentes y brindar mayor certeza jurídica a los desarrollos mineros de largo plazo.
Entre las medidas destinadas a estimular nuevas inversiones, se destacan las modificaciones en el mecanismo de devolución anticipada del IVA durante las etapas de exploración.
El nuevo esquema simplifica los requisitos documentales exigidos a las compañías y elimina determinadas obligaciones administrativas vinculadas a la comunicación previa de trabajos exploratorios.
La decisión apunta a aliviar la carga financiera en una fase particularmente sensible para los proyectos, caracterizada por elevados desembolsos y ausencia de ingresos operativos.
En materia ambiental, el decreto armoniza las exigencias de la Ley de Inversiones Mineras con los criterios establecidos por la Ley General del Ambiente N.º 25.675.
A partir de ahora, la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) será suficiente para cumplir con los requisitos de previsión destinados a la remediación de eventuales impactos ambientales.
Desde el Gobierno consideran que este instrumento ofrece mayores niveles de control y verificabilidad que los mecanismos contables utilizados hasta el momento.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el alcance de la reforma y aseguró que “estas modificaciones permiten simplificar, reducir costos y bajar la incertidumbre asociada a cada intervención estatal”.
El funcionario remarcó además que “menos trámites es menos riesgo”, una definición que sintetiza la filosofía detrás de la actualización normativa impulsada por el Ejecutivo.
Las nuevas disposiciones comenzaron a regir el 24 de junio de 2026, mientras que la Secretaría de Minería contará con un plazo de 60 días corridos para emitir las reglamentaciones complementarias necesarias para su aplicación integral.
La reforma llega en un contexto en el que la minería ocupa un lugar estratégico dentro de la agenda económica nacional, impulsada por el crecimiento de proyectos vinculados al cobre, el litio y otros minerales críticos para la transición energética.
Especialistas del sector consideran que la digitalización de trámites, la ampliación de los criterios de integración regional y la simplificación de los mecanismos de devolución del IVA podrían mejorar las condiciones para el desarrollo de nuevas inversiones.
Además, la clarificación de aspectos vinculados a la estabilidad fiscal fortalece uno de los principales factores que analizan los inversores internacionales al evaluar proyectos de largo plazo.
Con este paquete de medidas, el Gobierno apuesta a consolidar un esquema regulatorio más ágil y competitivo, orientado a facilitar la actividad privada sin resignar controles ambientales ni mecanismos de supervisión estatal.
