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Un histórico conflicto limítrofe entre las provincias de La Rioja y San Juan volvió a encenderse en las últimas horas debido a una disputa por el control de áreas con alto potencial minero y turístico.
La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó una ley que declara la nulidad de una norma de la dictadura militar de Onganía, la cual establecía una frontera favorable a la jurisdicción sanjuanina.
La decisión legislativa generó el rechazo inmediato de la vecina provincia y traslada el diferendo a los tribunales nacionales.
La normativa aprobada en territorio riojano anula los efectos de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 bajo el régimen de facto de Juan Carlos Onganía.
Desde la gobernación riojana argumentan que esa delimitación se dictó de forma unilateral y sin la intervención correspondiente del parlamento nacional.
"La delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en perjuicio de su territorio provincial", sostienen las fundamentaciones de los legisladores.
A partir de esta nueva ley, la Fiscalía de Estado de La Rioja presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar medidas cautelares que frenen cualquier actividad económica en las áreas cuestionadas.
El Poder Ejecutivo de San Juan desestimó la validez de la legislación aprobada por sus vecinos y ratificó la vigencia de sus fronteras actuales.
Las autoridades gubernamentales sanjuaninas señalaron que los límites provinciales están consolidados y que una provincia carece de facultades para modificarlos mediante leyes locales.
Con el objetivo de resguardar su territorio, el gobierno sanjuanino convocó a diversas fuerzas políticas para unificar la estrategia de defensa legal ante los tribunales.
Desde la administración de San Juan recordaron que la Constitución Argentina determina que cualquier alteración de los límites interprovinciales es competencia exclusiva del Congreso de la Nación.
La franja territorial en disputa abarca desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna, una zona de enorme valor económico para las arcas de ambas provincias. El área en conflicto comprende dos sectores clave:
Minería de alta montaña: El reclamo riojano alcanza los yacimientos de oro y cobre de Gualcamayo y las zonas de influencia del Proyecto Vicuña, emprendimientos que involucran inversiones multimillonarias.
