Salta Mining
Luego de más de 11 horas de una sesión cargada de tensión, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por las provincias mineras que redefine los alcances de la protección ambiental y flexibiliza condiciones para la explotación de recursos.
Además del oficialismo, acompañaron el proyecto el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), un grupo de diputados de Provincias Unidas y algunos monobloques.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), defendió el dictamen de mayoría y destacó la audiencia pública realizada entre el 25 y el 26 de marzo, que incluyó cientos de expositores.
La oposición cuestionó el formato de esa audiencia y anticipó que la norma será judicializada.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), respondió a las críticas y sostuvo que era "materialmente imposible" escuchar en simultáneo a miles de personas.
Según explicó, la reforma busca "aclarar conceptos" sin modificar el "paradigma de protección" y permitir estudios técnicos que hoy el IANIGLA no puede desarrollar en profundidad.
Desde Unión por la Patria, la diputada Adriana Serquis afirmó que el oficialismo defendió la reforma con "datos que no son científicos" y alertó por el impacto sobre las cuencas hídricas.
El jefe de bloque Germán Martínez planteó que su espacio acompaña el desarrollo productivo, pero rechazó que el Estado nacional delegue facultades clave a las provincias.
En el mismo sentido, la massista Sabrina Selva calificó la reforma como "regresiva" y anticipó conflictos interjurisdiccionales.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola aseguró que su bloque denunciará la reforma como una entrega de recursos estratégicos.
Con la sanción definitiva, la reforma redefine la protección de glaciares y zonas periglaciales, y habilita nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería.
En la oposición anticiparon que la norma será judicializada y que la Justicia deberá intervenir para definir su compatibilidad con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.
La votación cerró una jornada marcada por el alineamiento de gobernadores mineros con el oficialismo y por un escenario político atravesado por denuncias, pedidos de interpelación y reclamos ambientales que seguirán escalando fuera del Congreso.
