El estado de las rutas ya no es solo un problema de conectividad, es un factor decisivo para la competitividad minera, la integración y la calidad de vida de las comunidades. La ruta 51 emerge como el eje crítico de un modelo de desarrollo que exige infraestructura a la altura de los desafíos globales.
12/02/2026 Por Joaquín Díaz Cabral
La Puna salteña dejó de ser un territorio periférico para convertirse en un nodo estratégico de la economía regional. Allí convergen algunas de las reservas más relevantes de litio, cobre y oro del país, minerales indispensables para la transición energética que impulsa el mundo. Sin embargo, el verdadero diferencial competitivo de esta región no se define únicamente bajo la superficie, sino sobre ella, especialmente en el estado de sus rutas y caminos.
El Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2021–2030 lo reconoce con claridad al ubicar a la infraestructura como uno de sus ejes centrales. En un contexto de mercados volátiles y competencia internacional feroz, la eficiencia logística dejó de ser una ventaja para transformarse en una condición de supervivencia. En ese esquema, la ruta nacional 51 cumple un rol estructural, ya que se encarga de articular la producción minera del NOA con los puertos, integrando a Salta con la región.
Con sus 293 km entre la ciudad de Salta y el Paso de Sico, la RN 51 funciona como el cordón umbilical de la Puna. Pero su importancia estratégica contrasta con un diagnóstico técnico preocupante. Mientras los tramos iniciales se encuentran pavimentados, el sector crítico de alta montaña continúa siendo mayoritariamente de ripio, expuesto a condiciones geomorfológicas y climáticas extremas.
La presencia constante de calamina, lajas filosas y pendientes pronunciadas acelera el desgaste de las flotas, reduce la velocidad comercial y eleva los costos operativos. A esto se suma la altitud, que supera los 4.800 msnm en zonas como Alto Chorrillos, y una marcada vulnerabilidad climática, con aludes en verano, nevadas en invierno y cortes recurrentes que interrumpen la cadena logística y dañan profundamente la traza.
El problema se agrava por la saturación de la capacidad vial. El tránsito se triplicó en los últimos años por el auge minero, superando largamente el diseño original de la ruta y elevando los riesgos de siniestralidad. Estas deficiencias funcionan, en los hechos, como un “impuesto logístico” que erosiona la rentabilidad de los proyectos y resta competitividad a la provincia frente a otras jurisdicciones mineras del mundo.
La relación entre infraestructura vial y economía minera es directa. En un escenario donde el precio del carbonato de litio pasó de picos cercanos a los 80.000 dólares a valores actuales en torno a los 20.000 por tonelada - y poco más 10.000 hasta hace poco-, cada dólar ahorrado en logística es decisivo.
Estudios sectoriales estiman que el asfaltado integral de la RN 51 permitiría reducir hasta un 40% los costos de transporte, impactando de lleno en el punto de equilibrio de los proyectos.
Iniciativas de gran escala como Taca Taca, en cobre, o los desarrollos de litio en Rincón, Mariana, Centenario–Ratones y Sal de Oro, dependen de una conectividad confiable para sostener inversiones que superan, en conjunto, los 8.000 millones de dólares. Sin rutas adecuadas, el riesgo deja de ser técnico y pasa a ser estratégico.
Ante este escenario, la gestión vial en la Puna comenzó a transitar un cambio de paradigma. La magnitud del desafío impulsó un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad y la articulación público-privada. Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y REMSa trabajan junto a cámaras empresarias, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Mesa Minera, un espacio que busca garantizar previsibilidad y estabilidad al desarrollo del sector.
Este esquema se traduce en acciones concretas, que ya comenzaron a plasmarse de facto en "consorcios" de mantenimiento para rutas provinciales y nacionales clave, aportes en especie de las empresas mineras -como combustible- y respuestas rápidas ante contingencias mediante el uso de maquinaria pesada de proveedores locales. La lógica apunta a reducir los tiempos muertos, evitar cortes prolongados y sostener la operatividad en un territorio donde cada hora cuenta.
Pero las rutas de la Puna no son solo corredores industriales. Son, ante todo, arterias vitales para comunidades como San Antonio de los Cobres, Tolar Grande y Pocitos, entre muchas otras. Por ellas circulan ambulancias, docentes, alimentos y servicios esenciales. Mejorar su estado implica reducir tiempos de traslado para emergencias de salud, fortalecer el acceso a la educación y potenciar actividades complementarias como el turismo, la agroganadería y el comercio regional.
En este sentido, obras como el Baypass de Campo Quijano adquieren una relevancia estratégica, que permitirá desviar el paso de unos 200 camiones diarios fuera del casco urbano. Esto no solo mejorará la logística minera, sino que protegerá la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Solo hace falta acelerar el proceso, para que concluyan las obras y la comunidad comience a percibir de lleno sus ventajas.
La integración social también se expresa en el fortalecimiento de proveedores locales y de comunidades originarias.
La consolidación de CAPROSEMITP, por ejemplo, primera cámara PyME integrada por pueblos originarios de la Puna, marca un hito al incorporar a los habitantes del territorio en la cadena de valor minera, transformando la conectividad en una herramienta de inclusión.
Mirando hacia 2030, la hoja de ruta es ambiciosa pero concreta y tiene como objetivo pavimentar al menos 60 kilómetros en los tramos más complejos de la RN 51, jerarquizar el Paso de Sico como salida transnacional al Pacífico y recuperar la multimodalidad ferroviaria a través del Ramal C14, capaz de aliviar la carga vial y transportar hasta dos millones de toneladas anuales.
En Salta, la minería se consolidó como política de Estado. En esa estrategia, el buen estado de las rutas de la Puna es la base física sobre la que se juega la competitividad, el desarrollo territorial y la posibilidad de que el progreso llegue, de verdad, a quienes habitan la altura.
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El estado de las rutas ya no es solo un problema de conectividad, es un factor decisivo para la competitividad minera, la integración y la calidad de vida de las comunidades. La ruta 51 emerge como el eje crítico de un modelo de desarrollo que exige infraestructura a la altura de los desafíos globales.
