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La Justicia ordenó al Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con el decreto que afecta a la Dirección Nacional de Vialidad. Esto -según se desprende de la Resolución judicial- apunta a reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad y spresión de estructuras del organismo.
Según trascendió, la medida cautelar de no innovar paraliza´´todas las decisiones que modifiquen la situación laboral o estructural en Vialidad Nacional derivadas del decreto mencionado. Es una medida provisoria, vigente por seis meses, mientras se analiza el fondo del asunto.
Las medidas cautelares de no innovar se dictan para preservar el estado actual de una situación y evitar daños irreparables antes de que haya una sentencia definitiva. En este caso, la jueza que entiende en la causa decidió que mientras se resuelve la cuestión de fondo, el Estado no puede avanzar con cambios en Vialidad Nacional que afecten a su personal o estructura.
Es decir, el fallo protege temporalmente a los trabajadores y a la estructura organizativa de Vialidad Nacional frente a posibles despidos, traslados o cierres de áreas, vinculados al decreto cuestionado en la demanda.
