Abogado especialista en Derecho Minero, Jerónimo Chantal (38) se empeña en descartar que no ser geólogo o ingeniero en minas sea impedimento para su nuevo cargo.
Desde el 1 de enero, es el nuevo director de Minería de Mendoza en lugar del ingeniero Roberto Zenobi (2019-2023), habla con convicción sobre lo que falta para impulsar la actividad que lleva años postergada en la provincia.
Entre otros aspectos, Chantal refiere al Código de Procedimiento Minero como la figura para agilizar la puesta en marcha de distintos proyectos. También de impulsar incentivos para atraer más inversiones a la minería de la provincia de la mano del cobre, y hasta de "seguridad jurídica" en medio del polémico DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
"Lo de Potasio Río Colorado fue un trabajo de ingeniería jurídica, de adaptar procedimientos estandarizados de búsqueda de inversores a nivel internacional a la ley de Administración Financiera de la provincia, vinculado también a cuestiones de derecho comercial. Diseñamos un proceso avalado por Fiscalía de Estado, que fue difícil por no ser sólo una subasta, sino en realidad una subasta/concesión/negociación privada, con exigencias de confidencialidad", cuenta el nuevo director de Minería sobre su último rol en el Estado antes de ocupar el nuevo cargo.
¿Esa confidencialidad o secreto tan discutido en torno Potasio tuvo que ver sólo con ser capitales que cotizaban en Bolsa, o algo más?
Los mismos interesados lo exigían, porque no querían aparecer como eventuales perdedores de la concesión. Fue parte de un proceso muy largo que incluyó un viaje a Toronto (Canadá) para tentar inversores, y una situación económica a nivel nacional que influyó muchísimo y no dependía sólo de nosotros.
Esa mirada moderna de la minería ¿no se contrapone al antiguo Código de Minería de Mendoza? ¿Prevé modificarlo?
Por supuesto. Es un código de 1945 redactado por Mariano Ramírez, muy bueno y novedoso para su época, por establecer la "concesión provisoria", que permitía empezar a trabajar rápido mientras lo legal avanzaba, con mensura incluída. Pero entonces no había ni siquiera una normativa ambiental; hoy varias provincias exigen el Registro provisorio, a partir del cual obligan a presentar la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y cumplir con toda la normativa.
Ese antiguo Código necesita adaptarse e incorporar contenido ambiental, adecuarse a la realidad y tecnología que hoy tenemos y no existía en 1945. Un ejemplo: el requisito de fijar domicilio legal a 1 kilómetro de la Dirección de Minería, o que la documentación se presente en papel. Hoy todo se hace por mail desde casa, o subiéndola al software específico.
En tiempos de cambios o derogación de leyes, no debe ser la única de otra época que haya quedado obsoleta
Han evolucionado muchísimo los métodos de exploración y explotación. Eso trajo aparejado que otra norma, la 3790, de 1970, que en su momento fue única en el país por determinar cómo tiene que ser la Dirección de Minería, haya quedado estancada. Actualmente ninguna ley fija un organigrama, lo hace cada Gobierno según la política de Estado.
Además, es la única que establece que, para ser director, un geólogo o ingeniero en minas recién recibido es más idóneo que un abogado, ingeniero o un economista con experiencia en la actividad minera. ¿Cuál es la diferencia?. Ese criterio se lo discuto a todo el mundo.
Totalmente. Me propongo darle transparencia y agilidad a los procedimientos: hoy tenemos un problema que es el vacío legal por normas antiguas. Eso incluye modificar la ley de Canteras hoy prácticamente inaplicable, y fijar la Guía de Tránsito de Minerales, que no tenemos. Regularizar procesos e institutos en un solo cuerpo legal. Como afirma un geólogo, que es el secretario del Cofemin (Consejo Federal Minero) "antes las minas se medían por la cantidad de reservas; hoy, en cómo tenés los papeles". Literal. Aunque tengas la mejor reserva del mundo, si no están en regla es nada. Humildemente, con la experiencia que tenemos en ese sentido podemos enderezar la actividad minera en Mendoza.
Ese código de Procedimiento no inventa nada, es un modelo que trabajamos en base a todo lo que han hecho todas las provincias mineras, principalmente Catamarca y Río Negro, en donde tenía 10 años y ya era viejo. También San Juan, Jujuy, La Rioja, San Luis, Chaco y Santiago del Estero tienen el mismo, redactado por el Cofemin en 1999. Incluso Mendoza. Se volcó en la ley 6913 que nunca se aplicó, porque estaba supeditada a nombrar un juez de Minas para su vigencia.
¿Y cómo prevé avanzar en materia de atracción de inversiones el modelo que resultó en Santa Cruz o San Juan, entre otras, al contexto actual de la minería en Mendoza?
Creo que lo principal es la decisión que en la plataforma electoral Alfredo Cornejo planteó sobre incentivos a inversiones. La ministra (de Energía y Ambiente) Jimena Latorre quiere mostrar los recursos de la provincia, y garantizar seguridad jurídica para que el inversor sepa que, haciendo las cosas bien y de manera sustentable y transparente, podrá explorar nuestros minerales. Hay un altísimo potencial, y el cobre es el principal eslabón para la transición energética hacia fuentes verdes y renovables que el mundo requiere: por caso, el litio es 5% y el cobre 32% de la batería de un auto eléctrico.
Pero tenemos 0 proyectos de explotación de cobre, mientras Chile es el principal productor del mundo al otro lado de la cordillera. Un dato: para llegar a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) al 2050 la humanidad necesita duplicar todo el cobre producido hasta ahora. En Mendoza necesitamos arrancar ya con el cobre, porque el horizonte de un proyecto iniciado hasta la entrada en producción dista 12 a 15 años desde la prospección o exploración avanzada con millones de dólares en juego.
Andino
