Salta Mining
La Justicia de Orán ordenó medidas urgentes para frenar el avance de la contaminación en el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián, en el norte de Salta. La decisión responde a un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, ante la persistencia de emanaciones de gases y la presencia de sustancias sobre la superficie del terreno.
La resolución, notificada el 23 de octubre, intimó a YPF S.A. y President Petroleum S.A. a presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan técnico para el cierre definitivo del pozo. También deberán proponer medidas para contener la contaminación existente y evitar que se extienda hacia propiedades cercanas.
La preocupación se centra en el impacto que podría tener la temporada de lluvias sobre la zona. Según los informes incorporados a la causa, el agua podría arrastrar las sustancias presentes en el terreno hacia campos destinados a la agricultura y la ganadería, ampliando el área afectada.
El plan de cierre deberá ser elaborado por profesionales competentes e incluir una metodología de intervención, medidas de seguridad, un cronograma de ejecución y controles posteriores. El objetivo es lograr un cierre seguro y evitar que continúen las emanaciones de gases.
Además, las empresas deberán presentar un plan de contingencia y contención para impedir que las sustancias depositadas en la superficie se propaguen.
Entre las medidas previstas figuran el aislamiento del área afectada, la instalación de barreras de contención, la identificación de posibles recorridos del agua de lluvia y el monitoreo de los terrenos agrícolas y ganaderos cercanos.
También deberán establecer procedimientos para recuperar y disponer de manera segura las sustancias que pudieran desplazarse, con responsables identificados y plazos concretos para cada intervención.
La medida alcanza a otras firmas que estuvieron vinculadas con la concesión y explotación del pozo, entre ellas E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José S.R.L. Estas últimas se encontraban pendientes de notificación, según la información judicial difundida.
Los organismos técnicos de las secretarías provinciales de Ambiente y de Minería y Energía también deberán intervenir en las acciones de contingencia y contención.
En los fundamentos, la Justicia consideró que las empresas que integraron la cadena de concesión y explotación podrían tener responsabilidad por los costos del cierre y la recomposición ambiental. La resolución también remarca que contar con autorizaciones administrativas para desarrollar actividades hidrocarburíferas no exime del cumplimiento de las obligaciones ambientales.
La decisión se apoya en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente. Sin embargo, la medida cautelar no determina de manera definitiva la responsabilidad de las empresas, sino que busca evitar que el daño se agrave mientras continúa el proceso judicial.
El incumplimiento de las órdenes podrá derivar en consecuencias legales por desobediencia judicial.
