Salta Mining
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado provincial analizó junto al Ejecutivo el avance de las obras vinculadas al Corredor Bioceánico y su impacto sobre la minería, la producción agropecuaria y el comercio regional. La agenda también incluyó la protección de la actividad bananera, la regularización de tierras en Salta Forestal, la situación de Agua Palau y nuevas herramientas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, y el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Esteban D’Andrea. Participaron legisladores de distintos departamentos y funcionarios del Ministerio de Producción y Minería, entre ellos su titular, Ignacio Lupión; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; y el subsecretario de Industria, Nicolás Sivila.
El eje de mayor peso durante la reunión fue la infraestructura necesaria para consolidar los 800 kilómetros del Corredor Bioceánico que recorren territorio salteño, una vía considerada estratégica para conectar las áreas productivas del norte argentino con Brasil y Paraguay y, hacia el oeste, con los puertos chilenos de Iquique y Mejillones.
Lupión presentó ante los senadores el esquema de la traza y destacó la posibilidad de articular dos sectores considerados centrales para la economía provincial: la minería y la producción agropecuaria.
Durante el intercambio, Lapad planteó como obras prioritarias la construcción del puente internacional de Misión La Paz, en Rivadavia; la culminación de los 24 kilómetros pendientes desde Santa Victoria; la situación del puente La Quena sobre el río Bermejo y el cumplimiento de la consulta previa a las comunidades originarias.
La discusión también estuvo atravesada por la expansión de la actividad minera. Frente a una consulta del senador Enrique Cornejo, las autoridades advirtieron que el crecimiento del tránsito de bitrenes y la puesta en marcha de más de 30 iniciativas vinculadas al litio podrían generar una fuerte presión sobre la infraestructura vial durante los próximos dos o tres años.
En ese escenario, se planteó la necesidad de avanzar hacia rutas de doble calzada, completar más de 100 kilómetros de pavimentación en la RN 51 entre Campo Quijano y Sico, mejorar la RP 54 y la RN 34 y resolver el punto crítico de Güemes mediante una doble vía desde Torzalito y un cruce elevado.
Los senadores también solicitaron precisiones sobre el acompañamiento del Gobierno nacional, el eventual financiamiento paraguayo para el puente internacional y la instalación de paradores, áreas de servicio y puestos de control a lo largo del corredor.
Por otra parte, Roque Cornejo consultó por el financiamiento de Fonplata y por el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto minero Taca Taca. Según explicaron los funcionarios, los desembolsos crediticios todavía se encuentran pendientes, mientras que la evaluación ambiental del emprendimiento estará condicionada a la disponibilidad y sustentabilidad del recurso hídrico.
Entre las alternativas bajo análisis figuran el traslado de agua desalinizada desde la costa chilena y la utilización de sistemas de recirculación.
Otro de los puntos abordados fue la situación de los productores bananeros del norte salteño luego de la eliminación, a nivel nacional, de una barrera fitosanitaria vigente desde 1994.
El senador Juan Cruz Curá cuestionó la decisión nacional y señaló el impacto que tuvo sobre una actividad que ya perdió buena parte de su superficie productiva. Las plantaciones provinciales pasaron de unas 15.000 hectáreas a cerca de 3.000, mientras que la producción local cubre apenas el 20% de la demanda nacional, frente a un 80% correspondiente a fruta importada.
En respuesta, el Senado avanza con un proyecto destinado a reforzar la protección sanitaria de la producción provincial y otorgar herramientas para decomisar preventivamente mercadería que no cuente con las certificaciones exigidas.
Dorigato explicó que el ingreso formal de bananas cuenta con Documento de Tránsito Vegetal, pero advirtió que el mayor riesgo puede provenir del movimiento ilegal de plantas y hojas.
Según el funcionario, ese material puede transportar el hongo conocido como “Mal de Panamá”, con capacidad para provocar daños severos en las plantaciones locales.
La situación de las familias que ocupan históricamente tierras fiscales de Salta Forestal también formó parte del debate.
Los funcionarios informaron que la reglamentación de la Ley 8500 ya permite agilizar los procedimientos para avanzar con la adjudicación de títulos de propiedad. De los 110 casos identificados, 19 convenios ya fueron formalizados y serán enviados a la Legislatura para continuar con el proceso.
La senadora Alejandra Navarro pidió detalles sobre el mecanismo aplicado y el alcance de la normativa.
En paralelo, el Ejecutivo informó avances en el Plan de Ordenamiento Territorial. Durante el último semestre se habilitaron 200.000 hectáreas bajo el sistema de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), dentro de una planificación que contempla unas 2 millones de hectáreas.
La situación de Agua Palau fue otro de los temas incluidos en la agenda de la Comisión.
Sivila informó que la empresa concesionaria logró normalizar su funcionamiento y regularizó la situación salarial de los once trabajadores históricos. A ellos se sumaron seis nuevas incorporaciones.
La planta actualmente produce alrededor de 800.000 litros, volumen que puede trepar hasta 1,3 millones durante la temporada alta, frente a una capacidad instalada de 2 millones de litros. La producción se comercializa principalmente en el NOA y Buenos Aires, mientras que la firma también realizó una experiencia piloto de distribución en destinos turísticos de la Patagonia.
El senador Luciano Elvira reclamó un control permanente sobre el cumplimiento del contrato de concesión, especialmente a partir de los antecedentes registrados en administraciones anteriores.
A su vez, Lupión anticipó que el Gobierno trabaja en un anteproyecto integral para el Presupuesto 2027 con el objetivo de fortalecer el perfil turístico y termal de Rosario de la Frontera y convertirlo en un polo de desarrollo productivo y turístico.
La reunión también permitió repasar las alternativas disponibles para financiar inversiones productivas.
A partir de una consulta de D’Andrea, se detallaron las líneas del Fondo Provincial de Inversiones, que contemplan créditos de hasta 3 millones de pesos y operatorias de hasta 25 millones con garantía prendaria. También se mencionaron las herramientas del Consejo Federal de Inversiones, con financiamiento de hasta 300 millones de pesos.
En materia de garantías, Dorigato informó que FOGASAL completó la conformación de su directorio y avanza ante la Comisión Nacional de Valores para constituirse como fiduciaria, con aportes provinciales y del CFI.
La herramienta permitiría ampliar significativamente el respaldo financiero para pequeñas y medianas empresas, con una capacidad proyectada de avales y garantías de hasta 12.000 millones de pesos.
Al finalizar la reunión, D’Andrea sintetizó el objetivo político y productivo de la agenda analizada y sostuvo que “Salta necesita consolidar una visión estratégica que no solo avance en las grandes obras logísticas como el Corredor Bioceánico, sino que al mismo tiempo defienda de manera irrestricta a nuestras economías regionales, garantizando el empleo y el arraigo en cada departamento de la provincia”.
