El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70 de Javier Milei derogó dos leyes mineras, seis energéticas y ordena la quita de subsidios al consumo de energía eléctrica y el gas natural.
La norma también habilita la privatización de las empresas públicas o el desprendimiento de la participación del Estado nacional en sociedades anónimas, que en el caso de la energía y minería, podrían ser Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT); Dioxitek S.A. (productora de polvo de dióxido de uranio para centrales nucleares); YPF S.A.; Y-TEC; Energía Argentina S.A. (ex Integración Energética Argentina IEASA); y Nucleoeléctrica Argentina S.A., entre otras.
El decreto señaló que "es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades, y que "este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido".
En concreto, el DNU de Milei derogó la normativa que impedía la privatización de las empresas públicas y fijó la necesidad de transformar todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
En el Capítulo IX del DNU sobre los servicios esenciales reglamentados en la Ley N° 25.877 del régimen laboral, que incluye la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica, establece que en caso de conflictos colectivos en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio.
La minería se incluyó en las actividades o servicios de importancia trascendental, que en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%.
Según el documento bautizado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, el Título VII referido a la minería tiene solo dos artículos: el artículo 169 que deroga la Ley N° 24.523, que fue sancionada en 1995 y establecía el Sistema nacional de comercio minero, y el artículo 170, que deroga la Ley N° 24.695, que creó en septiembre de 1996 el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos, que funcionaba bajo dependencia de la Secretaría de Minería de la Nación.
En los considerandos del DNU justificó la derogación al sostener que "la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada".
El Sistema Nacional de Comercio Minero estaba integrado por la base de datos de comercio minero, los centros de información y consulta, los agentes de información y los usuarios. El objeto era aportar información sobre la oferta y la demanda interna y externa de los productos y subproductos mineros.
En tanto el Banco de Información Minera tenía por objetivos relevar y procesar toda información sobre equipamiento y recursos humanos del sector minero, estructurar la red de información pública y editar al menos una vez cada tres años la información contenida en el sistema.
Fuentes del sector resumieron que estas dos derogaciones no implicarán grandes cambios para la minería, ya que las principales normas son el Código Minero y las disposiciones del Régimen Tributario General, con las modificaciones que establece la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196. "Son normas viejas que no estaban en funcionamiento", remarcaron.
A través del artículo 177 se faculta a la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo a "redeterminar la estructura de subsidios vigentes" a fin de asegurar a los usuarios de la electricidad y el gas finales el acceso al "consumo básico y esencial"
Ese ítem apunta a revisar las leyes de la energía eléctrica 15.336 y 24.065, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias y las leyes 17.319 de hidrocarburos y la 24.076 de regulación del transporte y distribución del gas natural.
El DNU de Milei aclaró en este punto que "dicho beneficio (el subsidio) deberá considerar principalmente un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente, en forma individual o conjunta para la energía eléctrica y el gas natural, a ser establecido por la reglamentación".
Además, indica que "a los efectos de calcular el costo de los consumos básicos, se considerarán las tarifas vigentes en cada punto de suministro" y agregó que se deberá "implementar la segmentación de la asignación de subsidios" de los dos servicios públicos.
El decreto que entra en vigencia establece que la Secretaría de Energía tendrá "facultades para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios, determinando los roles y tareas que desempeñarán de manera obligatoria los distintos actores públicos, empresas concesionarias, y otros actores o agentes que integren los sistemas del servicio público de que se trate, en su carácter de responsables primarios".
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