Luego de la aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles dará el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa de suma relevancia para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos.
El inicio del debate, previsto para las 10, reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente (cabecera), presidida por el libertario José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo, si bien la meta del Gobierno es que la reforma sea ley antes de fin de mes, la discusión no se va a agotar este mismo miércoles con la firma del dictamen.
La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al "Argentina Week 2026" -evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo- puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino.
De todos modos, no se descarta que la semana que viene, en paralelo a la realización de este evento en Estados Unidos, se pueda firmar dictamen y aprobar en el recinto de la Cámara baja.
El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca, Lucía Corpacci.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
NA
