Entre 2016 y 2026, el Perú transitó un proceso de deterioro institucional que no registra antecedentes en su historia reciente: ocho presidentes en diez años. Lo que comenzó como una crisis de gobernabilidad derivó en un esquema de interinato permanente que hoy condiciona el desempeño de su sector estratégico, la minería.
La sucesión presidencial, de Pedro Pablo Kuczynski a Martín Vizcarra, el efímero Manuel Merino, el transicional Francisco Sagasti, el destituido Pedro Castillo, la cuestionada Dina Boluarte y el breve mandato de José Jerí, consolidó un patrón donde la vacancia presidencial y la censura parlamentaria dejaron de ser excepciones para convertirse en herramientas habituales de confrontación política. El resultado es un Estado sin continuidad estratégica.
Para una industria que opera con horizontes de inversión de 20 o 30 años, esta volatilidad equivale a un impuesto invisible. La minería representa el 10% del PBI peruano -el 11% si se incluyen hidrocarburos-, explica alrededor del 57% de las exportaciones, aporta 8% de la recaudación fiscal y genera más de 227.000 empleos directos. Es, en términos macroeconómicos, el ancla de estabilidad. Pero también es el sector más expuesto a la incertidumbre institucional.
La paradoja es evidente. Mientras el mundo demanda más cobre y minerales críticos para la transición energética, el Perú, segundo productor global del metal rojo, pierde competitividad por razones políticas, no geológicas.
El cobre explica el 52% de su canasta exportadora minera y sostiene regiones enteras como Áncash, Arequipa y Apurímac. En esta última, donde opera Las Bambas, la conflictividad social se convirtió en un factor estructural de riesgo.
El ciclo de expansión minera que culminó en 2022 con la entrada en operación de Quellaveco -inversión de USD 5.300 millones-, junto a Mina Justa y la ampliación de Toromocho, no encontró continuidad. Las proyecciones de inversión muestran una tendencia descendente: de USD 5.000 millones en 2022 a USD 4.000 millones en 2023 y apenas USD 3.800 millones en 2024. No emergen proyectos “greenfield” de escala comparable. El capital de riesgo, sensible a la incertidumbre, migra hacia jurisdicciones más predecibles.
La producción tampoco recuperó niveles importantes desde la prepandemia por dos factores: agotamiento de leyes minerales en operaciones maduras y paralizaciones por conflictos sociales. Por dar un ejemplo, solo en la primera mitad de 2022, Las Bambas y Cuajone acumularon 111 días de interrupciones. Cada jornada detenida impacta en exportaciones, regalías y transferencias fiscales a las regiones.
El costo macroeconómico es tangible. Estudios privados estiman que la conflictividad social restó entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PBI en distintos momentos del ciclo reciente. En un país donde la minería financia servicios básicos y programas sociales, la caída de ingresos retroalimenta el malestar ciudadano y profundiza la crisis de legitimidad política. Es un círculo vicioso.
A ello se suman cuellos de botella regulatorios. La rotación constante de ministros y funcionarios genera dudas sobre la aplicación de normas y la estabilidad de criterios técnicos. El resultado es una burocracia que, sin coordinación política sostenida, opera como barrera más que como garantía.
El episodio que precipitó la caída de José Jerí, marcado por denuncias de desbalance patrimonial y presuntas transferencias irregulares, no hizo más que confirmar la fragilidad del Ejecutivo. La señal hacia los mercados fue inequívoca, el riesgo político no es coyuntural, es sistémico.
Sin embargo, Perú posee una cartera estimada en USD 37.000 millones en proyectos mineros y un potencial clave en cobre y litio, insumos esenciales para la electrificación global. La oportunidad histórica está servida. Pero capitalizarla exige algo más que precios internacionales favorables, requiere reconstruir gobernabilidad.
Las elecciones previstas para este 2026 aparecen como punto de inflexión. Si el país logra estabilizar su sistema político y ofrecer reglas claras y continuidad administrativa, puede reactivar un nuevo ciclo de inversión. Si no, corre el riesgo de quedar relegado en la carrera por los minerales estratégicos.
El dilema peruano no es la falta de recursos. Es la erosión de sus instituciones. En minería, como en política, la confianza es el insumo más escaso, sin ella, ni el cobre más abundante alcanza para sostener el desarrollo.
