Martín Rodríguez
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha concedido una suspensión administrativa temporal a la orden emitida por la jueza Loretta Preska el 30 de junio, que ordenaba a Argentina entregar su participación del 51 % en YPF, en cumplimiento de un fallo judicial por u$s 16.100 millones por parte de acreedores extranjeros. Este respiro permitirá presentar argumentos antes de decidir si se mantiene la medida mientras avanza la apelación, que será evaluada por un tribunal colegiado.
El antecedente principal de esta situación remonta a la apropiación estatal de YPF en 2012, cuando Argentina expropió a Repsol, lo que derivó en una demanda internacional. En 2023, un tribunal federal estadounidense falló a favor de los demandantes, consolidando un total de u$s 16.1 mil millones en perjuicios. Luego, la jueza Preska ordenó el 30 de junio que Argentina transfiera las acciones a un banco neoyorquino como parte del cumplimiento del fallo.
Frente a este escenario, Argentina presentó un recurso para demorar la entrega de sus acciones en YPF, alegando que la orden judicial podría afectar gravemente su soberanía y relaciones internacionales, e incluso violar el principio de reciprocidad y las garantías legales. Si bien los apelantes (los demandantes) se oponen a la suspensión definitiva, no se oponen a la suspensión administrativa, entendida como una medida usada para permitir un debate ordenado mientras se decide la apelación. Se han establecido las fechas: hasta el 17 de julio deben presentarse las oposiciones, y Argentina podrá responder hasta el 22 de julio, momento a partir del cual se resolverá la continuidad o no de la orden judicial
"En cada una de las apelaciones arriba mencionadas, el Apelante solicita una suspensión (stay) mientras se resuelve la apelación de la Orden de Entrega (Turnover Order) del Tribunal de Distrito fechada el 30 de junio de 2025, y solicita una suspensión administrativa de forma interina. Los Apelados han indicado que se oponen a la moción de suspensión durante la apelación, pero no se oponen a la emisión de una suspensión administrativa temporal para permitir una presentación ordenada de argumentos y la consideración de la moción de suspensión. SE ORDENA POR LA PRESENTE que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la Orden de Entrega del Tribunal de Distrito, pendiente de la resolución de la moción de suspensión por un panel de tres jueces. Los Apelados deberán presentar la oposición a la moción antes del 17 de julio de 2025, y el Apelante deberá presentar una réplica antes del 22 de julio de 2025. La moción de suspensión se remitirá al siguiente panel disponible a partir de entonces. La suspensión entrará en vigor hasta que el panel colegeado evalúe los argumentos", expresa el documento enviado por la Cámara de Apelaciones.
Para el sector minero e inversor, esta disputa tiene impacto directo: YPF es uno de los principales actores en competitividad energética y prestación de servicios públicos. Un cambio de control o la incertidumbre sobre su propiedad estatal podría influir en regulaciones, contratos y acceso al mercado de insumos, incluyendo aquellos necesarios para desarrollos mineros en regiones como Salta, que requieren energía y logística estables.
El fallo y el proceso de apelación podrían sentar un precedente sobre cómo se tratan activos estratégicos estatales en juzgados extranjeros, especialmente bajo el amparo de la Foreign Sovereign Immunities Act. El curso del proceso será clave para evaluar cómo responderán los mercados y las empresas a riesgos geopolíticos y judiciales que trascienden fronteras.
